El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha dicho hoy a la juez que investiga los ERE irregulares que el sistema de concesión de las ayudas "era legal y lo sigue siendo" y ha defendido su eficacia al ser más operativo para ayudar a trabajadores y empresas.
Fernández declara hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya, ante la que ha afirmado que todo el Consejo de Gobierno de la Junta conocía el sistema investigado "porque no había nada ilegal".
El sistema de transferencias de financiación, implantado en 2001 cuando Antonio Fernández era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), no tenía por objeto evitar la fiscalización de los órganos de control, sino que permitía una "mayor globalidad a los objetivos del Consejo de Gobierno para ayudar a trabajadores, empresas en crisis y a zonas de Andalucía", ha dicho el exconsejero.
Abogados personados en la causa han dicho durante un receso para almorzar que, según Fernández, el Consejo de Gobierno tuvo que ser informado puesto que el mismo mes que se firmó el convenio-marco ya se acordó una primera transferencia de 13.000 euros.
Ha declarado que se enteró por el entonces viceconsejero Agustín Barberá -también imputado- de los reparos que la Intervención General de la Junta puso en el año 2005 a este sistema de ayudas, y pese a ello "consideraron que seguía siendo viable", según Fernández, quien ha precisado que, de haber conocido nuevos informes en contra de años posteriores, "lo habría seguido aplicando".
El exconsejero también ha declarado que no se pidió ningún asesoramiento al gabinete jurídico de la Junta para implantar el sistema.
