El Gobierno local del PP ya busca una asesoría externa para encargarse de tramitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Ayuntamiento pretende aplicar a 390 trabajadores municipales. “Finales de junio” es el nuevo plazo que ha dado la alcaldesa, María José García-Pelayo, para hacer efectivo el expediente, una fecha que podría demorarse incluso más teniendo en cuenta que la estimación a corto plazo está supeditada al tiempo que emplee dicha empresa una vez contratada para completar el proceso. En este sentido, Pelayo aseguró que el tope máximo serán “cuatro meses” para iniciar y cerrar el expediente de regulación de empleo, aunque entiende que siendo especializada en este tipo de procesos no sea necesario agotar este plazo y concluir la tramitación “en un mes”.
Por ello, la alcaldesa, acompañada por el delegado de Recursos, Javier Durá, y el primer teniendo de alcalde y portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, dio a conocer el pasado viernes la aprobación por urgencia en Junta de Gobierno Local del inicio del proceso de contratación de la asistencia jurídica para todo el procedimiento de negociación y aprobación del expediente de regulación de empleo. Para García-Pelayo, la contratación de una asesoría externa permitirá, “una doble garantía, garantiza el cumplimiento riguroso de la ley, y que cuente con un plus de objetividad”.
A este respecto, la regidora popular entiende que “es muy fuerte” y “no es lógico” que los propios trabajadores municipales tuvieran que decidir qué compañeros entrarían o no en el ERE siguiendo los criterios de antigüedad, discapacidad, cargas familiares, productividad... “Con esta elección no hemos querido condicionar ni complicar la vida a nadie”, señaló. La contratación de esta asesoría externa se realizará mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, que, como dijo, está permitido por la ley para cuantías de 19.000 a 60.000 euros “como es este caso”.
A partir de ahora, el siguiente paso es la aprobación del expediente de contratación con la aprobación del gasto, y los informes jurídicos correspondientes, la aprobación del pliego de clausulas administrativas y particulares, y después la solicitud de ofertas a tres empresas.

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Pelayo no está dispuesta a que el tiempo se le venga encima (la primera fecha de la que se habló para aplicar el ERE fue mayo) y por ello avisa de que tratará de que “los plazos se cumplan”. “Para contratar la empresa como mucho tenemos un mes, con lo cual hasta el 13 de mayo, y cuando se contrate, la Junta de Gobierno acordará la presentación del ERE y después hay un mes de consulta y 15 días para la autoridad judicial. Finalizado todo puede estar en junio aproximadamente, a finales de junio”. A la par, también fue rotunda a la hora de descartar “otras alternativas” tanto por parte de los sindicatos como de los partidos de la oposición que no pasen por un ERE en el Ayuntamiento. “Este expediente de regulación de empleo es una decisión que ya está tomada, y lo que cabe es negociar con los sindicatos los criterios más favorables para la plantilla. Las alternativas caben en la negociación de la RPT y del convenio. Insisto en que es necesario de verdad la reducción del Capítulo 1, que se ordene y que haya transparencia, y por eso estamos dispuestos a hablar las veinticuatro horas del día. Pero para ello, necesitamos que los representantes sindicales hagan propuestas para la RPT y el convenio, y se sienten a hablar sobre la aplicación del ERE para que sus efectos sean lo menos dolorosos posibles”, señala.
Para García-Pelayo con una deuda que ronda los 1.000 millones la causa económica para presentar un ERE “es más que evidente” al igual que la organizativa “porque lo que tenemos ahora mismo es un catálogo profesional de 1985. Queremos dar garantía tanto a los ciudadanos, como a los trabajadores”. Asimismo, tiene claro que con estas medidas de ajuste toca cerrar una etapa de treinta años de “desastrosa gestión” de los recursos humanos”.

Los proveedores empezarán a cobrar dentro de 15 días
A falta de 15 días para que los proveedores empiecen a cobrar sus deudas en virtud del decreto de los fondos ICO, García-Pelayo tiene claro que mayo supondrá “poner el contador a cero” y a partir de ahí el objetivo del Gobierno municipal es “no volver a iniciar ese contador y que el Ayuntamiento no se vuelva a endeudar” y poner en marcha un Plan de Tesorería en junio para que el Consistorio empiece a levantar cabeza tras la asfixia de la última época. No en vano, hay que recordar que el Ayuntamiento se ha convertido en el segundo de España en acumular la mayor deuda con proveedores, superado solo por el Consistorio madrileño. En concreto, los millones de euros que la administración debe a las empresas y que se podrán abonar a partir del 1 de mayo se cifran en 328, repartidos en 12.999 facturas que son las que se han remitido al Ministerio de Hacienda en virtud del real decreto que posibilita el pago a través de los fondos ICO.
En el paquete enviado a Hacienda hay facturas que se remontan incluso a hace 20 años no solo del Ayuntamiento en sí, que engrosa la mayor parte de ellas (254 millones de euros), y de empresas municipales como (con 66 millones) o Emuvijesa con 4 millones.

Pelayo achaca a la etapa socialista el 76% de las facturas de proveedores
La alcaldesa ya ha hecho público un primer desglose de las facturas remitidas al Ministerio de Hacienda para acogerse al Real Decreto 4/2012 de Pago a Proveedores. De este primer análisis resaltó que en la etapa socialista se “disparó” el endeudamiento, suponiendo el 76 por ciento del montante total de las facturas presentadas por el Ayuntamiento y sus empresas. Una información que a lo largo de esta semana trasladará a los grupos de la oposición. Según explicó, el primer dato curioso es que la primera factura presentada se remonta a 1993 y corresponde a Electrificación Jerez Sur S.A. por 4.019 euros. “Desde 1993 hasta el año 2000 se trata de facturas por importes pequeños. Es a partir del año 2005, coincidiendo con la etapa de gobierno socialista, cuando el montante es más importante”, añadió. Desglosando por años, los 328.282.652,56 euros del montante de la deuda a proveedores remitida a Hacienda, los primeros años desde 1993 hasta el 2000 se trata de montantes pequeños. En 2002 se elevan las facturas a 5.831.000 euros; en la etapa de la coalición del PP y el PSA, los años 2003-2004, el montante roza los 8 millones de euros.
Mientras que a partir de 2005 se disparan. “Según los datos técnicos y económicos, que no políticos, las facturas afectan a todos los grupos políticos que hemos gobernado el Ayuntamiento, pero es la etapa socialista la que marca un antes y un después en el endeudamiento municipal. Lo que llama la atención es el salto tan importante que hay del año 2004 que se cierra con 7.837 millones y pasamos al 2005 con 27.072.000 euros”, asegura. Así, desde 2005, las deudas acumuladas son de 27 millones de euros en 2006; 30 en 2007, 34 millones en 2008, 42 millones en 2009, 38 millones en 2010 y 98 millones en 2011, “un año muy complicado”, explicó la alcaldesa”, ya “que hay desglosar las facturas ya que corresponden a dos gobiernos, el socialista hasta junio y a partir de entonces el actual”. Por ello, concretó que de los 328 millones que se han presentado, 251 millones corresponden a facturas no pagadas por el anterior gobierno. Por su parte, desde el PSOE a ha mostrado su sorpresa e indignación ante los datos “tergiversados y manipulados” referentes a las facturas de los acreedores. De hecho, defienden que durante la etapa de gobierno del PP, con fecha a 31 de diciembre de 2004 la deuda pendiente de pago con acreedores del Ayuntamiento y Organismos Autónomos era de 306.672.064 euros y por parte de las sociedades de 156.230.347 euros, es decir, el montante total de deuda con acreedores en 2004 era de 462.902.411. En el ejercicio 2004 el Ayuntamiento y OOAA dejó de pagar del corriente101.136.264 euros y achacan el aumento de la etapa del PSOE al elevado número de facturas que se encontraron en el cajón.