El caso 'Malaya', hasta ahora la causa de corrupción municipal con más número de personas acusadas, cumple este jueves seis años, desde el día en que se realizaron las primeras detenciones de responsables del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), de empresarios y de abogados, con el juicio en su recta final, ya que las previsiones que tiene la Sala encargada del enjuiciamiento es que pueda quedar visto para sentencia antes de agosto.

El 29 de marzo de 2006, los agentes detuvieron a Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de esta supuesta trama de corrupción, que sigue en prisión y que se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel; a la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; a la exteniente de alcalde, Isabel García Marcos, entre otros, aunque el número de detenidos llegó al centenar en sucesivas fases de una instrucción que se prolongó más de tres años.

El núcleo de la investigación ha girado en torno a Roca, su patrimonio supuestamente ilícito, su poder en el Ayuntamiento y en decisiones no sólo urbanísticas sino en general, como la moción de censura contra Julián Muñoz. Pero, sobre todo, se ha analizado el dinero que supuestamente éste recibió de empresarios con intereses en la ciudad y los pagos que presuntamente realizó a los que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en el Consistorio.

Esta operación llevó, por primera vez en la historia de la democracia en España, a la disolución de un ayuntamiento. El magistrado Miguel Ángel Torres fue el primer instructor del caso y el que decretó el procesamiento de los imputados. Luego fue relevado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y en la investigación por Óscar Pérez, que fue el que dictó una resolución en diciembre de 2009 con la conclusión del sumario.

El 27 de septiembre de 2010 es otra de las fechas claves en este macroproceso. Un Tribunal presidido por el magistrado José Godino comenzó el juicio, con 95 acusados, ese día con las cuestiones previas presentadas por los letrados de los acusados, aunque el primero de los bloques, dedicado a la operación urbanística 'Cruceros Banús', y las declaraciones no comenzaron hasta diciembre de ese mismo año.

Hasta ahora, se han celebrado 149 sesiones de juicio y ya han declarado la mayoría de los procesados, algunos, como Roca, en varios de los bloques. Ya se han visto en el juicio, además de dicha operación, la estructura societaria supuestamente puesta al servicio del principal acusado por testaferros y abogados y también el presunto blanqueo de dinero de éste a través de obras de arte, caballos, relojes, decoración o lotería.

El juicio se encuentra en el último bloque, dedicado a esos supuestos pagos y cobros, en el que están acusados exediles de Marbella, la mayoría firmantes de la moción de censura presentada contra Julián Muñoz en 2003; y empresarios. Faltan por declarar seis acusados, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales, aunque uno acaba de ser operado, por lo que la intención es comenzar el próximo martes día 27 la prueba de esta última parte.

Las previsiones de la Sala son continuar abril y mayo con esta prueba, en el que cobra especial protagonismo los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, que reflejan una supuesta contabilidad de Roca y que recoge esos presuntos pagos y cobros. Hay unas 400 personas, entre testigos y peritos, según las fuentes. Cuando concluya, se prevé dedicar más de un mes a los informes de las partes.

El Tribunal ha sugerido a las acusaciones --Fiscalía Anticorrupción, Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía-- y a las defensas que presenten esos informes finales por escrito, tanto para agilizar la exposición oral, ya que son muchas partes las que tienen que intervenir, como para facilitar la labor de la Sala de cara a elaborar la sentencia. La intención es que el juicio termine antes de agosto.

Roca ha admitido haber recibido dinero de constructores, pero por asesorarles en convenios o negocios en común, y no por darles resoluciones favorables o por silencio administrativo; y también reconoció haber dado dinero a los portavoces de los tres grupos políticos que formaban el equipo de gobierno, por orden del exalcalde Jesús Gil, con el fin de mantener la cohesión y la unión del Ejecutivo local.

La mayoría de los empresarios han negado los pagos recogidos en esos archivos, admitiendo sólo en algunos casos y algunos de los procesados haber mantenido negocios en común con el principal acusado; mientras que todos los que fueron miembros del equipo de gobierno también han rechazado que Roca les diera dinero por ningún motivo. Hay tres acusados que llegaron a un acuerdo con el fiscal, reconociendo los hechos, lo que supuso una rebaja de la pena.