Todos los partidos presentes en la Corporación son culpables -cada uno en su justa medida- del desastre económico en el que se encuentra sumido el Ayuntamiento, porque todos ellos tuvieron en alguna ocasión responsabilidades de Gobierno. Mientras la legislación no diga lo contrario, son los ciudadanos los encargados de administrar justicia a través de las urnas. Sin embargo, la situación económica del Consistorio no se arregla jubilando políticos cada cuatro años. Los provedores pueden celebrar el castigo de los causantes de su ruina, e incluso sus propios trabajadores. El problema es que las facturas no se cobran con revanchas, sino con dinero.
La línea de crédito abierta por el ICO va a insuflar oxígeno económico al Ayuntamiento y a muchos de sus proveedores. Pero luego, finalizado el periodo de carencia, habrá que empezar a devolver el préstamo, de manera que se volverá al punto de partida. Se gana una batalla, pero no la guerra.
Por eso, las administraciones central y autonómica están obligadas a dispensar a Jerez un trato extraordinario en atención a ese subcampeonato nacional de las facturas pendientes de pago que ahora se añade a los históricos títulos de Muy Noble y Leal. La ciudad precisa de un plan de rescate que compense tantos años de olvido y tantos errores de sus políticos. Lo contrario sería ignorar un caos económico de colosal envergadura y abandonar a su suerte a más de doscientos mil jerezanos, que por supuesto no tienen culpa ni de lo uno ni de lo otro.
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