Posteriormente, la Junta de Gobierno Local iniciará el expediente de contratación de una empresa financiera que se haga cargo de la gestión de los tributos y que será la encargada de transferir al Ayuntamiento los 6 millones de euros que precisa para abonar las nóminas de sus trabajadores y atender los pagos más perentorios con las concesionarias de servicios públicos.
La recaudación de los impuestos municipales ascendió en 2011 a 74 millones de euros. En caso de asumir la gestión directa de esos tributos, el Consistorio se encontraría con el problema de que sólo en junio y noviembre dispondría de los fondos necesarios para afrontar los pagos imprescindibles. De ahí que se vaya a contar con una entidad financiera que asuma la recaudación a cambio de transferir esos seis millones de euros que se precisan para cubrir los gastos más elementales.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, se mostró convencida de que la medida que va a aplicarse garantizará la “estabilidad” en los pagos a la plantilla, aunque advirtió de que “tendrá efectos colaterales” para las entidades financieras que estaban cobrando a través de la Diputación Provincial.
García-Pelayo avanzó a este respecto que la intención del Ayuntamiento es establecer un “calendario de pagos” con estas entidades, algo que “no se podía hacer con las familias” de los trabajadores municipales. “Espero que con esta decisión se logre la estabilidad. Creo que marcamos un antes y un después en la gestión del Ayuntamiento y que recuperamos fuerza como ciudad. No podíamos permitir que la quinta ciudad de Andalucía tuviera sus ingresos en manos de la Diputación Provincial”, añadió.
Además de estas entidades financieras que cobraban a través de Diputación, la liquidación de este convenio también deja en el aire los pagos que se venían haciendo a Urbaser, que era la única concesionaria de servicios públicos que hasta ahora se había mantenido al margen de los conflictos laborales. La alcaldesa aseguró que “se está trabajando al más alto nivel” con esta empresa, considerando que “no se verá afectada” por este nuevo escenario.
Una vez liquidado el convenio, el Ayuntamiento empezará a disfrutar de la liquidez necesaria para hacer frente a sus compromisos con la plantilla. Este viernes se hará un primer ingreso de 500 euros a la plantilla gracias al dinero recaudado por Jereyssa desde principios del mes de febrero, que ya no deberá transferirse a la Diputación Provincial.
El abono de todas las cantidades pendientes deberá esperar todavía un par de semanas, ya que es preciso culminar el procedimiento legal para la contratación de la entidad financiera que se encargará de fraccionar los ingresos anuales. García-Pelayo apuntó como “fecha clave” la del próximo jueves, toda vez que será entonces cuando finalice el plazo para la recepción de ofertas.
A partir de ese momento se conocerá qué entidades están interesadas en participar en la operación y podrá adjudicarse el servicio. En todo caso, difícilmente el proceso legal pueda cerrarse antes de final de mes. Si todo transcurre con normalidad, la plantilla municipal podría cobrar de golpe los salarios de enero y febrero, así como la paga extraordinaria de Navidad.
El caso de las concesionarias es diferente, toda vez que no es el Ayuntamiento quien debe pagar las nóminas, sino cada una de las empresas proveedoras de servicios. La intención del Gobierno local es que cada una de las concesionarias perciba mensualmente el dinero necesario para hacer frente al pago de los salarios de sus respectivas plantillas y no la cantidad total que correspondería al canon de explotación del servicio.
“A partir de ahora, recuperamos nuestra autonomía y capacidad de decisión. Seremos nosotros quienes vamos a decidir cómo y cuándo pagamos, porque vamos a dejar de ser rehenes de las tomas de razón. Esto no significa que vayamos a dejar de pagar a las entidades financieras ni a Urbaser, sino que vamos a plantear otras condiciones y otras fechas de pago”, zanjó la alcaldesa.
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