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26/09/2021

Las sociedades concursadas de Jale siguen sin recibir la devolución de los honorarios de los tres ex administradores concursales

Recordar que López Esteras ha presentado otras tres demandas incidentales para que los administradores cesados cumplan

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Después de más de siete meses desde que se dictó el auto judicial y aún a pesar de la falta de liquidez por la que están atravesado, ninguna de las tres sociedades del Grupo Jale ha tenido noticia de haber percibido algún ingreso en la caja de los honorarios que el juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz ordenó devolver a los antiguos administradores concursales del grupo.

También es de recordar que Jose Antonio López Esteras ha presentado otras tres demandas incidentales para que los tres administradores cesados reintegren a la masa de las sociedades la totalidad de las cantidades que a las tres sociedades mercantiles Mirabaudes Peninsular SL, Alejandro Bengio y Asociados SL y Pastor & Moreno SL Consultores SL les fueron ingresadas indebidamente y que superan los 4,5 millones de euros.
En dichas demandas además se solicita que anulen las facturas emitidas por esas sociedades y que han sido cargadas en las contabilidades de las sociedades, ya que mientras no se anulen esos cargos no se podrán aprobar las cuentas ni tampoco los correspondientes informes de auditoría.

Entre las varias acciones emprendidas por López Esteras en defensa de los intereses de las sociedades concursadas también se ha procedido a solicitar la apertura de expediente disciplinario en el colegio de abogados de Cádiz por la conducta, a su parecer improcedente, del que hizo las veces de abogado-administrador concursal, Torres Peral.

También envió el pasado mes de septiembre un escrito al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en que les solicitaba que analizase la actuación del auditor Fernández López de Uralde y a los tres ex administradores concursales a los que les entregó sin su permiso el informe de auditoría del hotel Incosol, incumpliendo la legalidad que establece la Ley de Protección de Datos.

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