En la demanda presentada el pasado 26 de septiembre, la entidad mercantil Jecomusa alega que “se encuentra en estado de insolvencia actual, que se concreta en un pasivo de 9.243.730 euros, y en el incumplimiento de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social desde junio de 2005, aduciendo que las causas de la insolvencia se encuentran en la drástica disminución de ingresos como consecuencia de la crisis económica del país, unido a los importantes gastos derivados de la plantilla de personal, encontrándose en causa de disolución por pérdidas, sin posibilidad de que, por parte del Ayuntamiento, se realice una ampliación de capital”.
En el auto de declaración del concurso, la juez considera que en “este caso, es procedente, con arreglo al artículo 4 de la Ley Concursal, la declaración del concurso voluntario de acreedores del deudor, la entidad Jerez Comunicación Municipal (Jecomusa)”. En este sentido, en los fundamentos de Derecho, se considera acreditado “que no cumple regularmente con sus obligaciones exigibles, como demuestra la lista de acreedores aportada”. Asimismo, en el auto se deduce que “hay sobreseimiento generalizado en el pago corriente de sus obligaciones, y de la documentación aportada se desprende que la sociedad no dispone de ingresos suficientes para poder hacer frente a las obligaciones vencidas”.
Cabe recordar que el consejo de administración de Jecomusa acordó presentar la demanda del concurso de acreedores voluntario al encontrarse la sociedad en causa de disolución. La situación de Onda Jerez planteaba tres posibilidades: acordar la disolución, ampliar el capital, o declarar el concurso de acreedores voluntario para evitar su disolución.
En el balance a 31 de diciembre de 2010, las pérdidas acumuladas de la televisión pública alcanzan los 7.742.942 euros, tras superar en el ejercicio pasado los 2.838.751 euros, con resultados negativos superiores a dos millones de euros en cada ejercicio.
Al encontrarse la empresa en causa de disolución, el Gobierno consideró la medida más adecuada para evitar la disolución, el concurso de acreedores, incluyéndola en su Plan de Ajuste, ya que una nueva ampliación de capital hubiera supuesto tener que inyectar antes de 31 de diciembre de 2011 capital por importe de 3.600.000 euros, lo que es imposible de asumir para un Ayuntamiento con casi mil millones de deuda.
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