?Las políticas de protección están evitando un estallido social?

?La realidad económica en Europa es muy mala y nosotros estamos sufriendo la crisis económica como cualquier otro territorio?

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  • J. M. Bouza. -
Militante socialista desde los 14 años, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE con Felipe González de secretario general, Juan Manuel Bouza defiende a capa y espada las políticas de protección social que definen el Estado del bienestar. Ahora, con 46 años, y desde que tomó posesión en 2004 como delegado provincial de Empleo, se enfrenta a uno de los períodos más críticos en lo económico, con altos índices de paro y constantes peticiones de expedientes de regulación por parte de las empresas. Pero Bouza confía en las capacidades y recursos de Cádiz y, sobre todo, en sus trabajadores.

—¿La realidad económica y laboral de la provincia está tan mal como indican los números?

—La realidad económica en Europa es muy mala y nosotros, que somos una provincia europea, estamos sufriendo la crisis económica como cualquier otro territorio. Es verdad que aquí compaginamos esta crisis económica con una tasa de paro elevadísima y por tanto, lógicamente, la situación es mala. Por eso desde las administraciones públicas, Gobierno de la nación y Junta de Andalucía, venimos trabajando fundamentalmente en dos direcciones: una, intentar hacer políticas que nos ayuden a salir de la crisis económica y estas políticas hacerlas en coordinación con los demás países europeo, porque de esta crisis o salimos todos o no sale nadie; y en un segundo objetivo político es, mientras dure esta crisis económica, como socialistas comprometidos, procurar que en la situación de crisis los gobiernos y las instituciones públicas sean un colchón que ayude a paliar la situación. De hecho, hay un número elevadísimo de parados, una tasa de paro realmente gravísima, pero también es verdad que el porcentaje de protección que están teniendo estos parados es de los más altos de la historia de esta provincia. Estamos hablando de prácticamente un 75 por ciento de protección de los parados. Esto es lo que estamos haciendo y lo que queremos intentar hacer, proteger a los que lo están pasando peor en la crisis y a la vez intentar hacer políticas que nos hagan salir de la crisis.

—¿Estamos en el peor momento para el empleo o todavía vienen tiempos peores?

—No sería capaz de jugar a las adivinanzas o al aventurismo en esta materia, porque es un tema muy delicado. No quisiera crear expectativas falsas ni caer en el pesimismo, que también sería muy negativo. Creo que es una situación de enorme dificultad que comenzó como crisis financiera. Hay un todo, un conjunto de situaciones en Europa que hacen que la crisis esté pasando ahora mismo por un momento de mucha virulencia. Esto no es un problema de la provincia de Cádiz, es un problema de todos los países, por lo que esperamos que la gobernanza política y la gobernanza económica en Europa haga posible que seamos rápidos y ágiles en la solución de los principales problemas que nos están condenando en esta crisis.

—¿Está afectando el desempleo a la propia estructura de la sociedad?

—Evidentemente, una crisis financiera después se convierte en una crisis económica y social. Hace dos años y medio teníamos prácticamente el 50 por ciento menos de parados. Esto tiene consecuencias claras sobre la estructura de la sociedad y sobre todo sobre las familias. Por eso, los gobiernos progresistas su principal obsesión es que esta situación se pueda paliar por la acción del Estado, por la acción de lo público a través de los sistemas de protección. Afortunadamente en este país hay algunos sistemas de protección públicos, como son la sanidad, la educación o las pensiones, que permiten que esta situación de desventaja social que produce el paro no sea trasversal a toda la situación de una persona. Uno puede ser rico o pobre, pero tiene un médico que lo atiende. Uno puede ser hijo de un rico o de un pobre, pero tiene un colegio donde le dan educación de primera. Y esto, entre otras cosas, es lo que queremos seguir garantizando desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y desde el Gobierno de la administración del Estado.

—Aunque ya ha comentado que no quiere hacer augurios, pero ¿existen condiciones para un estallido social?

—Precisamente las políticas de protección, las políticas que garantiza el Estado del bienestar, están haciendo posible no ya que no haya un estallido social, aunque hay muchas personas que no pueden llevar a sus casas las rentas del trabajo, sino además este sistema de protección hace posible que la mayoría de los ciudadanos tengan cubiertas determinadas necesidades básicas. Evidentemente hay una situación de descontento generalizado que se ha visto manifestada sobre todo en el segmento más joven de la población, como en el caso del movimiento de los indignados, fundamentalmente, entiendo, por un motivo y es que las acciones de la política no han sido capaz de doblegar a la acción de especuladores y ventajistas, lo que llaman los mercados desregulados; este es el descontento. Yo lo afirmo taxativamente: la independencia política y la acción política tienen que ser contundentes a la hora de reaccionar ante estas situaciones como la que se está produciendo en el mundo occidental.

—La solicitud de ERE está siendo la salida para muchas empresas en Cádiz, pero ¿es realmente una solución o debe ser solo una medida coyuntural?

—Normalmente, la gran mayoría de las solicitudes que se presentan lo hacen, como prevé la ley, para solucionar problemas coyunturales de dificultad en las empresas. El expediente de regulación de empleo se configura en este marco de instrumento para conseguir que mediante su aplicación la situación que en un momento determinado de dificultad pasa la empresa se pueda soslayar. En este plano, los ERE que está aprobando la Junta muy mayoritariamente son en general de suspensión de contrato de trabajo, es decir, que la gente no sale despedida. Este año, de 3.855 trabajadores afectados por expedientes de regulación, 3.508 son de suspensión de contrato, sin extinción. La Administración promociona los acuerdos entre empresarios y trabajadores para cuando se dé una situación de dificultad en la empresa sean capaces, a través de un mecanismo controlado y regulado de forma clara por la Administración mediante una normativa, llegar a acuerdos que permitan salvar la empresa. Y además, normalmente estos instrumentos suelen ser eficaces. Otra cosa es cuando se quieren utilizar de manera torticera como en el caso de Visteon.
—Con tantos ERE muchas personas tienen la sensación de que hay algunos empresarios que se aprovechan de esta posibilidad para liquidar los negocios y despedir de forma barata.

—Pueden que existan, pero ya le digo que los datos dicen que una minoría muy pequeña se puede englobar en esta situación. El 99,5 por ciento de los empresarios que nos presentan expedientes de regulación son por cuestiones de dificultad en la empresa, por lo tanto lo que se hace es utilizar un procedimiento de garantía tanto para empresarios como para trabajadores. Que haya intentos de utilizar fraudulentamente este tipo de herramientas, yo diría que son intentos de colar solicitudes pero para eso está la autoridad laboral, que en este caso en la provincia soy yo como delegado de Empleo, para no autorizar ese expediente que no tienen justificadas esas medidas. Como hemos visto con Visteon donde hemos hecho comprobaciones de que ni la empresa está en pérdida, ni la empresa tiene dificultades en la producción, por lo tanto no había lugar a un expediente extintivo. Otra cosa es la actitud de la empresa, que yo calificaría como muy muy alejada de lo que son los preceptos legales. Ellos sabrán lo que hacen. Normalmente, los empresarios de la provincia, autóctonos, tienen un trabajo normalizado con el que intentan sacar adelante sus negocios.

—Entonces, ¿son las multinacionales o las filiales de multinacionales las que intentan actuar de esa forma torticera?

—Bueno. Hay que tener en cuenta una realidad. En China, los costes laborales son muy bajos, porque allí están todavía en pañales en materia de derechos laborales y de todo tipo de derechos; es una sociedad que no llega a los mínimos democráticos. Pero vivimos en España, en Europa, y yo no voy a hacer de los que fomenten que tengamos trabajadores con sueldos chinos. Lo que sí quiero es que seamos más productivos y más competitivos. Mientras más productivos seamos, más competitivos seremos, mejores inversiones nos llegarán, se generarán más riquezas y más puestos de trabajo; ahora, en Europa.

—La opinión pública compara el caso Visteon con Delphi, ¿existe algún paralelismo?

—No, no tiene parecido ninguno. En el caso Delphi, hasta que llega a la situación de insolvencia, presentación del concurso de acreedores y expediente de regulación en el juzgado, se tomaron una serie de medidas para intentar resolver la situación; entra en un proceso concursal y un expediente de regulación acordados con los trabajadores. La situación de Delphi era insostenible. El caso de Visteon no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de una empresa con números positivos, con una producción normalizada que curiosamente empieza a bajar cuando dicen que se quieren ir; sospechoso. Es una empresa, dicen ellos mismo en la solicitud de expediente, que a partir de año y medio o dos años va a obtener números positivos en Cádiz, que tienen carga de trabajo, pero que tienen que acometer algunas reformas en su plantilla. Es un intento de una multinacional de irse como si aquí estuviéramos más cerca de las legislaciones y los ordenamientos jurídicos de países no democráticos. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, negarles esa posibilidad y advertirles de que no sigan jugando con la legislación española, donde se persigue a los delincuentes y se les castiga por sus delitos. Por eso hemos mandado la documentación a la Fiscalía, informado de la situación que atraviesan los trabajadores de Cádiz Electrónica. No se puede decir que no van a pagar nóminas o no dar carga de trabajo, esto no se puede hacer y más cuando los mismos datos que nos dan dicen que tienen dinero, esto es un despropósito. Justamente su presidente o consejero delegado es el ejecutivo que más dinero gana en el mundo; gana en un año lo que le cuesta la plantilla portuense por ese año.

—¿Acabarán por irse de Andalucía todas las empresas filiales de multinacionales?

—No, si Andalucía es un magnífico sitio para invertir. Estamos consiguiendo poco a poco y utilizando los recursos que tenemos, a pesar de la crisis, para garantizar algo tan importante como la formación de nuestros recursos humanos. Tenemos unos recursos humanos magníficos. Antes hablábamos de Visteon y es que resulta que los trabajadores de Visteon son los mejores que tiene la multinacional en todo el mundo, reconocido por la propia empresa. Estamos gastando mucho dinero público en formación y educación. Educación y formación para todos es lo que queremos garantizar. Hay otros que piensan, que entienden que la educación es un negocio. Nosotros queremos que sea un derecho para todos, no un negocio para unos pocos. Que vengan las empresas y que inviertan, que tenemos todas las posibilidades de infraestructuras, de capacitación de nuestros recursos humanos y de conocimiento como para hacer que las empresas estén a gusto en esta tierra.

—Por lo que dice, entiendo que considera que Cádiz no ha dejado de ser competitiva.

—Hemos perdido competitividad en los últimos años, evidentemente, como consecuencia de la crisis, es indudable, porque hay empresas que se han ido y porque ha perdido competitividad toda Europa frente a terceros. Pero es una competitividad que hay que mirar con respecto a qué, si es con respecto a China y allí la jornada de trabajo dura veinte horas y se paga con salarios feudales prácticamente, pues eso no es perder competitividad. Lo fundamental es que seamos conscientes de que tenemos que ser más productivos, tenemos que producir más y mejor, pero nunca a costa de los salarios, porque además esa ecuación no sale. La productividad no sube por que bajen los salarios; al contrario, sube la productividad, van subiendo los salarios.

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