Volaron desde Afganistán hasta el Caribe, y en la base primero fueron encerrados en una especie de jaulas abiertas y después en celdas de obra construidas a toda prisa.
Algunos eran combatientes de los Talibán, otros agentes de Al Qaeda y muchos otros hombres vendidos o entregados a Estados Unidos por los señores de la guerra de Afganistán, o capturados allí.
El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ha prometido sacar de Guantánamo a los 250 que quedan, de los casi 800 que han pasado por los calabozos levantados a un tiro de piedra de una playa paradisiaca, pero el problema es qué hacer con ellos.
Deberá decidirlo rápidamente. El día 26 , seis días después de su jura como presidente, se inicia el juicio contra el canadiense Omar Kahdr, que fue detenido en Afganistán cuando tenía 15 años.
Comparecerá ese día ante los tribunales antiterroristas establecidos por el Gobierno de George W. Bush e instalados en una antigua pista de aterrizaje de Guantánamo.
Sus reglas especiales permiten incluso la presentación de confesiones obtenidas bajo tortura.
Obama “tiene que anunciar un plan específico antes de esa fecha”, o si no dará un respaldo implícito a esas cortes, dijo a Efe Sarah Mendelson, una experta del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés).
Ni siquiera los más fervientes opositores a Guantánamo creen que Obama podrá cumplir de forma inmediata su promesa de echar el cerrojo a la prisión. Mendelson opina que tardará un año en encontrar destino para los prisioneros.
Estos se dividen en tres grupos. Hay detenidos que el Pentágono ha exculpado pero que no puede repatriar a sus países de origen porque corren peligro de ser torturados allí.
Estados Unidos tendrá que convencer a algunos países europeos de que acepten darles cobijo y tendrá que acoger a otros en su propio territorio, pese a las dificultades políticas que eso entraña, según Joanne Mariner, directora de asuntos de terrorismo de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
El segundo grupo lo componen hombres contra los cuales el Pentágono no tiene suficientes pruebas para juzgarlos, pero que considera peligrosos y no quiere poner en libertad.
Por último, están Jalid Sheij Mohamad, el presunto planificador de los atentados del 11-S, y otros presos de su calibre, contra los que la evidencia es clara.
Las organizaciones de derechos humanos quieren que los prisioneros sean juzgados en tribunales ordinarios o que sean liberados.
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