Este reconocimiento se produce dentro del acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa del acusado Carmelo Armenta, que ya fue anunciado en la sesión de este lunes del juicio por el fiscal y ratificado por el procesado, pero que se ha leído públicamente este martes. El acuerdo supone la rebaja de la pena a seis meses de prisión y multa por el delito de falsedad documental.
En el escrito del acuerdo se explica que en una conversación entre Roca y Pérez Peña en un hotel de Madrid, el primero pidió al segundo un préstamo de tres millones de euros, aunque el empresario dijo que sólo disponía de dos millones para prestarle. Así, quedaron en la sede de la empresa del procesado en Getafe para la entrega.
Roca, indica el acuerdo, envió a dos acusados, Jaime Hachuel y Óscar Benavente, a recoger el dinero, pero cuando regresaban fueron interceptados por la Policía, que intervino el dinero. Cuando Pérez Peña supo esto, se añade, habló con Roca y "acordaron elaborar un supuesto contrato privado de compraventa" de tres chalés por el mismo importe intervenido.
Según el escrito, este contrato, "con el que se pretendía justificar la posesión del dinero intervenido", se firmó en el Gabinete Jurídico Sánchez Zubizarreta en Madrid por el representante de la entidad que presuntamente adquiría los inmuebles, el acusado que se ha conformado, Carmelo Armenta, que era "consciente de la mendacidad" del documento "y de la finalidad".
AYER- La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un acuerdo de conformidad con el empresario Ismael Pérez Peña, imputado en el "caso Malaya", después de que reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
El empresario también ha reconocido haber regalado a Yagüe tres vehículos, extremo que ha negado ella durante su declaración en el cuarto y último bloque del juicio del "caso Malaya" contra la corrupción en Marbella, que se ha iniciado hoy.
El acuerdo al que ha llegado Ismael Pérez con Anticorrupción supone la reducción de la pena solicitada inicialmente por el fiscal, que además también ha retirado la acusación contra el hijo del empresario, Javier Pérez Villena, que estaba acusado de falsedad documental.
En los mismos términos, la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que está pendiente de firmar.
Marisol Yagüe ha insistido en el transcurso de su declaración que "nunca" Pérez Peña le regaló los coches y ha preguntado que "por qué lo iba a hacer", ya que, "no he tenido ninguna relación con él".
La exregidora ha defendido "haber hecho todo con la ley en la mano" y ha afirmado tener "la conciencia muy tranquila".
Se ha negado hoy a contestar a preguntas de los representantes del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía, pero al fiscal le ha asegurado que para ella "el artífice de todo esto es Carlos Fernández (exconcejal en busca y captura tras huir de la Justicia), y que por eso se le expulsó del Ayuntamiento".
Carlos Fernández fue edil de Deportes por el Grupo Independiente Liberal (GIL) con el exalcalde Jesús Gil, ya fallecido; más tarde se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la Alcaldía a Julián Muñoz.
En el acuerdo suscrito con el fiscal, Ismael Pérez reconoce haber efectuado el mencionado pago de 180.100 euros en septiembre de 2005 con la intención de que el consistorio de Marbella le abonara una deuda con preferencia respecto a otros acreedores municipales.
La deuda de más de un millón y medio de euros que el Ayuntamiento tenía con él se derivaba de que dicho procesado proporcionaba, mediante contratos de alquiler, los vehículos de uso municipal.
Además de ese dinero, "y con la misma finalidad", Ismael Pérez regaló tres vehículos a Yagüe, un Toyota (matriculado a su nombre), un Kia (que la exalcaldesa regaló a su pareja sentimental) y un BMW (para los hijos de la exregidora).
Ante la falta de pago, Ismael Pérez como medio de presión informó a los responsables municipales de su intención de acudir a los medios de comunicación y denunciar los hechos, y "ese anuncio generó una gran preocupación entre los miembros de la corporación municipal", según indica el acuerdo suscrito con el fiscal.
Debido a ello, le prometieron solventar la deuda y "tuvieron un papel destacado la propia alcaldesa, Roca, así como algunos concejales como Isabel García Marcos o José Jaén, e incluso el secretario municipal, Leopoldo Barrantes", todos ellos imputados en el procedimiento.
Una de las posibilidades que se manejaron consistió en adjudicar a otra empresa de Ismael Pérez el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante la grúa municipal.
Tras el acuerdo, el empresario ha quedado imputado de los delitos de cohecho activo, alteración del precio en concurso y subastas públicas, malversación de caudales públicos y falsedad documental en concepto de inductor.
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