El consejero de Medio Ambiente ha explicado que la reorganización de la administración medioambiental supondrá un ahorro y para el PP es una farsa.
El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y los portavoces del PP, Carolina Fernández Vigo, y de IU, José Antonio Castro, han polemizado este miércoles sobre la reorganización de la administración medioambiental que supondrá un ahorro que su responsable ha cifrado en unos 600.000 euros al año.
Díaz Trillo ha explicado que la unificación de parte de la Consejería, la Agencia Andaluza del Agua y la empresa pública Egmasa en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) ha sido un proceso complejo que, además, se ha tenido que afrontar junto a la asunción de competencias de las cuencas hidrográficas y del litoral andaluces.
Ha explicado que la creación de AMAYA ha eliminado ocho cargos directivos, con un ahorro de 600.000 euros al año que, aunque ha matizado que "este ahorro no es lo más importante" sino su "valor simbólico para ahondar en las políticas de ahorro y eficiencia".
Ha negado las acusaciones de la oposición sobre enchufismo e irregularidades laborales y ha apostillado: "No ha habido ningún tipo de entrada por detrás de trabajadores; los funcionarios siguen siendo funcionarios y los laborales y contratados siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones; no se ha despedido a nadie ni nadie ha ganado o ha perdido un derecho".
"Advierto en ustedes una estrategia de acoso y derribo a la Administración con vocación publica; se ha hecho daño a la imagen del trabajador público y a su dignidad, no sé si con la aviesa intención de mantener luego la excusa perfecta para privatizar y despedir", le ha espetado Díaz Trillo al PP
Al portavoz de IU le ha acusado de practicar "la vieja técnica política" de aliarse "con la acorazada mediática que a ustedes les acompaña para convertir una media mentira en una verdad pública".
Carolina Fernández Vigo, del PP, ha destacado que el ahorro de esta reorganización, recurrida judicialmente, equivale al 0,12 por ciento del presupuesto de la Consejería y ha criticado que "esta gran farsa ha provocado una conflictividad laboral sin precedentes y no ha supuesto ni ahorro ni eficiencia".
"Tanto jaleo para reducir seiscientos mil euros al año no tiene ningún sentido", ha aseverado.
Tras calificar la creación de AMAYA de "auténtico despropósito político y gubernamental", ha opinado que esconde un intento de "vestir de legalidad una administración paralela que los socialistas han consolidado durante los últimos treinta años y que nos cuesta cinco mil millones de euros al año".
Ha recordado que algún fallo judicial contra esta reordenación la califica de "fuga del derecho administrativo" y ha asegurado que Díaz Trillo "ha tenido que blindar a altos cargos socialistas que estaban en Egmasa, eso sí, despidiendo sistemáticamente a los curritos a los que no hay que blindar ante un cambio político".
La portavoz del PP ha advertido de la grave situación que, en su opinión, sufre la administración hidrográfica, ninguna de cuyas ultimas actuaciones "se ha acabado en la forma y plazo previstos", según un informe de la Cámara de Cuentas.
El portavoz socialista, José Caballos, ha contrapuesto esta reordenación "sin despidos" con la emprendida por el PP en varias comunidades autónomas donde se han recortado miles de empleos públicos y le ha espetado a la portavoz popular: "Pregúntele a los miles de interinos, contratados y eventuales que están ahora mismo despedidos y en la calle por la reordenación de su partido".
"Llevan ustedes descalificando a miles de trabajadores de las empresas públicas como enchufados para luego despedirlos masivamente si llegan al poder", ha concluido Caballos.
José Antonio Castro (IU) ha opinado que "el gran error" de esta reordenación ha abierto "una guerra larvada" entre funcionarios y trabajadores autonómicos, confrontación "que le viene divina a la derecha, a los enemigos de lo público y a los amigos de los mercados y que ha contribuido al descrédito de los sindicatos de clase".
Ha denunciado la "paralización o ralentización" de la administración medioambiental andaluza y ha dicho al consejero que "tendrá que demostrar" que estos cambios permiten una administración más eficiente "porque no es eso lo que estamos percibiendo".