La alcaldesa insistió en la responsabilidad política y jurídica del anterior gobierno municipal. “Esta mañana (por ayer), la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado en el pleno del Congreso de los Diputados que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie con toda seriedad y rigor la inclusión del despilfarro público como delito en el Código Penal. Nosotros somos el primer ayuntamiento que nos sumaremos a esta iniciativa”, comentó.
“Consideramos que se han tomado decisiones en conjunto que resultan inexplicables y desleales hacia la empresa y, desde mi punto de vista, tomadas desde la mala fe. Porque no es de recibo que, sabiendo que todos los años la empresa tiene de pérdida una media de dos millones de euros, y un acumulado de ocho millones, se haya gastado lo que se ha gastado, en vez de sanear la empresa y evitar que lleguemos a la situación que hemos llegado en el día de hoy”, reiteró la alcaldesa.
García Pelayo puso como ejemplo la contratación del director gerente en la cadena municipal, Pedro Rollán, que, según se establecía en su contrato inicial, se hacía con dedicación plena y a tiempo completo y con un sueldo de 60.000 euros brutos más un 3% de los ingresos comerciales, para en 2006, cambiarle verbalmente ese contrato, liberándole del tope salarial y permitiéndole que se dedicase a ‘actividades artísticas’. “Un cambio de contrato que se hizo de forma verbal y a espaldas del consejo de administración de Jecomusa” que no supo del mismo, según la alcaldesa.
García Pelayo destacó igualmente que, en una empresa con pérdidas millonarias, el director-gerente cobró sueldos sucesivos en 2005 de 70.000 euros; en 2006, 92.500; en 2007, 92.000; en 2008, 94.700; en 2009, 85.500 y 2010, 75.000 euros. “Sueldos contradictorios con la situación de la empresa”, comentó la alcaldesa que añadió que Rollán, incluso “ha pedido una indemnización al Ayuntamiento superior a la cantidad por la que le hemos cesado” al considerar el despido “improcedente”.
En relación a la situación actual de la televisión, la alcaldesa explicó que la próxima semana se iniciará el proceso para el concurso de acreedores, ya que la empresa se encuentra en estos momentos en proceso de disolución. Igualmente se ha iniciado el proceso de tramitación para la contratación de la asesoría jurídica externa para este proceso “en aras de darle la mayor transparencia”.
García Pelayo fue tajante al afirmar que Onda Jerez “también les duele a los bolsillos de los jerezanos. Nosotros, como Gobierno, tenemos la responsabilidad de conciliar los intereses de los trabajadores con los intereses de todos los ciudadanos, había que tomar una decisión y creemos que hemos adoptado la más lógica”.
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