En una rueda de prensa en Huelva, Díaz Trillo valoró la modificación este viernes por parte del Consejo de Ministros del artículo 94 de la Ley de Aguas, que se refiere a la denominada Policía de aguas, y defendió que “asegura la participación de la Junta de Andalucía en la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos” del Guadalquivir.
El consejero opinó que ahora “se abre paso a una solución estable integral y compartida sobre la gestión andaluza del Guadalquivir”, tras la sentencia del Tribunal Constitucional “que nos ponía en una situación complicada”.
La sentencia del 16 de marzo, que declaró nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que establecía la gestión autonómica del Guadalquivir, señalaba en sus fundamentos jurídicos que “nada impide que la legislación estatal de aguas confiera a las comunidades autónomas funciones o facultades del dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias”.
Según Díaz Trillo, la sentencia del Constitucional “hay que cumplirla, como no puede ser de otra manera, pero hay que satisfacer la petición del pueblo andaluz, plasmada en referéndum”, y con esta modificación legislativa “se cumple la sentencia y se da cumplimiento al Estatuto de Autonomía”. Se abre ahora, explicó, un periodo de quince días en el que terminará el trabajo de la subcomisión que delimitará las nuevas competencias y en el que, entre otras cosas, “se puede encontrar funciones complementarias a la policía de aguas para hacer una gestión andaluza”.
También quiso valorar además el trabajo de la Junta tras la encomienda de gestión acordada el pasado 7 de abril por ambas administraciones por un plazo de seis meses y ha recordado que desde entonces se han resuelto 2.500 expedientes.
Asimismo, el consejero ha insistido que lo que se pretende es “hacer un buen servicio público” y ha confirmado que la Junta recepcionará el cuerpo de policía de aguas, como señala la modificación aprobada ayer.
De este modo, se prevé que la Comunidad Autónoma asuma otras funciones como la participación en la planificación hidrológica, la formulación de propuestas de resolución de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico o la recaudación del canon de vertidos.
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