La organización, según ha precisado a través de un comunicado la portavoz de DAV, la doctora Gádor Joya, entiende que la intervención de la Junta de Andalucía para que el hospital aplicara la ley y retirara a la paciente, en coma irreversible por infarto cerebral, la sonda nasogástrica por la que recibía alimento puede suponer “una conducta ilícita contra derechos fundamentales”.
DAV considera que puede haberse incurrido en una posible vulneración del derecho fundamental a la objeción de conciencia y un posible delito de omisión de auxilio.
Por ello, Joya ha anunciado que está estudiando la interposición de una denuncia contra la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha explicado que hoy mismo se ha encargado “un dictamen jurídico sobre la base de los hechos conocidos de este caso por si se podría haber incurrido en algún delito tipificado en el Código Penal”, precisando que se prevé interponerla “a lo largo de la próxima semana”.
Para la organización, la sonda nasogástrica “no es un tratamiento médico, sino un cuidado básico, como es la alimentación de toda persona. Si dejan de alimentarla, morirá, y no de una forma precisamente digna”.
Gádor Joya ha recordado que muchos médicos y ciudadanos están preocupados por el “empecinamiento” del Gobierno en legalizar lo que consideran “eutanasia” y ha advertido de que con la Ley andaluza de Muerte Digna y el proyecto de la ley nacional se empezarían a ver pronto en España “prácticas eutanásicas disfrazadas de decisiones compasivas, así como desatención de los cuidados paliativos a los que todo paciente tiene derecho”.
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