El último de los puntos de esta primera sesión aprobaba la modificación de elementos del PGOU de "Lomas del Cerrillar Norte E-1", parcela en la que está prevista la construcción de un nuevo centro escolar. En este punto, el portavoz de CIE volvía a pronunciarse para proponer al equipo de Gobierno que ponga a disposición de la Junta una parcela existente detrás de la gasolinera BP para la construcción de un centro educativo así como que se dote de un porcentaje de plazas del futuro centro para personas sin recursos de la localidad.
Un paso más en la subrogación
Tan sólo media hora después, la Corporación municipal se volvía a constituir en pleno para la segunda de las sesiones, en la que tras aprobar la urgencia de la sesión, argumentada por el propio regidor popular José María García Urbano como "culminar una aspiración histórica sin ánimo de apuntarse un tanto político", se procedía a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del presupuesto para el ejercicio 2011, así como del expediente de modificación de la plantilla municipal. Dos trámites indispensables para la subrogación de los 720 trabajadores de las empresas municipales, que hoy por unanimidad pasan a integrar la plantilla del Ayuntamiento de Estepona.
Asimismo, durante el transcurso de esta sesión, las autoridades municipales anunciaban que la orden de pago de las nóminas tanto de julio como de agosto, pendiente la primera de ellas desde primeros de mes, se realizó en el día de ayer con el fin de que una vez celebrado el pleno de hoy se agilizara de manera simultánea el pago de los emolumentos.
El portavoz de los socialistas y ex regidor, David Valadez, planteaba en este punto la falta de documentación y la "labor de obstrucción a la oposición", echando en cara al equipo de Gobierno popular de la falta de oportunidad de plantear sus dudas a los técnicos municipales. "Se está pisoteando la labor de la oposición y chantajeando a más de 700 familias diciéndoles que si votan el acuerdo van a cobrar", aseguró Valadez volviendo a sacar a la palestra el supuesto aumento de sueldo de los ediles así como la posible "agenda oculta" de los populares. "Si hoy se trae esto a pleno es porque en el anterior gobierno ya contemplamos la integración laboral en el presupuesto", destacó el socialista, quien puntualizó que "se trata de un paso más en el proceso y que no se puede confundir a la opinión pública diciendo que ya ha culminado la subrogación".
Rodríguez, de CIE, por su parte, puso sobre la mesa la inexistencia de negociación colectiva lo que podría llevar a la nulidad del proceso, extremo que fue negado por el regidor popular. "¿Existe cuantía económica para mantener al personal?", planteó Rodríguez, quien también habló de "coacción" al obligar a votar el acuerdo a los empleados como condición para cobrar las nóminas.
La disolución de las sociedades
El último y tercero de los plenos del día era el relativo a la disolución de las cinco empresas municipales que se encuentran a día de hoy en causa de disolución. La propuesta de disolución y apertura del proceso de liquidación era aprobada con la mayoría absoluta popular y las abstenciones de la oposición, no sin reticencias de PSOE y CIE. De nuevo, los socialistas esgrimían falta de documentación. Valadez ponía sobre la mesa un informe del secretario de 2007, al que había sido realizado una adenda en este mismo año que incluye los requisitos para realizar la disolución de las sociedades e integración del personal de las mismas en el Ayuntamiento y asegura no haberse cumplido ni uno de los extremos necesarios. Volvía a salir en el salón plenario la imposibilidad de los ediles de votar asuntos sobre trabajadores con los que se tenga vinculación sanguínea o de amistad, refrendado por el edil de CIE, que exponía "ninguno podremos votar".
El edil de Economía y Hacienda, el popular Manuel Aguilar, exponía la necesidad de disolver y liquidar las empresas municipales porque "o ponemos 74 millones de euros antes del 31 de diciembre de este año para recapitalizarlas o estaremos incumpliendo la ley". Así, según Aguilar, una vez disueltas, el personal pasaría del Capítulo IV del presupuesto al I, permitiendo el abono de las nóminas. CIE, por su parte, aseguró no negarse a la disolución y mostró su preocupación por quién prestaría a partir de entonces los servicios. La Corporación aprobaba además remitir las cuentas de las sociedades al Tribunal "por si existiera algún tipo de irregularidad", así como el nombramiento de un liquidador y facultar al edil de Economía y Hacienda para la elevación de acuerdos o la enmienda de errores.
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