Gracias a esta partida presupuestaria, la 31L, la Administración autonómica libró en los últimos años 647,86 millones de euros a través de una fórmula investigada por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, en el marco de la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados precisamente con estos fondos. Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
A tal efecto, el Grupo andalucista del Ayuntamiento de Coria del Río elevó al pleno celebrado el pasado jueves una moción proponiendo crear una comisión especial informativa en cuanto a las ayudas que el Consistorio hubiese podido percibir a cuenta de este fondo cuyo uso está sujeto a la mencionada investigación judicial. Y es que según Modesto González, portavoz del PA en este municipio ribereño, en 2003 "el alcalde vendió la construcción de 44 naves industriales a bajo coste para los adjudicatarios, que contarían con una subvención del IFA. Ocho años después, solo se han construido 23 naves y nada más se supo del resto de las naves ni del dinero".
La creación de esta comisión especial informativa, según informa el PA en un comunicado y ha confirmado a Europa Press el concejal independiente Antonio Bizcocho, fue finalmente aprobada gracias a los votos de los seis concejales andalucistas, los tres capitulares del PP, el edil de IU-CA y el propio Bizcocho, toda vez que los socialistas habrían votado en contra.
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