La decisión de actuar de esta manera, anunciada ya días atrás por la alcaldesa, fue confirmada ayer por ella misma, que especificó que a la demanda voluntaria de concurso se había añadido un inventario con los bienes y derechos de Cirjesa, la relación de acreedores, las cuentas anuales y los informes de gestión de la sociedad.
La alcaldesa subrayó que como se trata de un concurso voluntario, “conservamos las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio que actualmente tiene la empresa, y quedamos sometidos, en el ejercicio de estas actuaciones, a la intervención de los administradores concursales que deberán dar autorización previa o conformidad a cada decisión que se adopte sobre el patrimonio de Cirjesa”.
García Pelayo especificó que el concurso de acreedores permitirá, en primer lugar, aplicar lo que se denomina ‘quita y espera’, con lo cual en principio el importe de la deuda se puede ver reducido en un 30 ó 35% (cifras normales en estos casos), algo ya muy positivo para la propia sociedad.
Y, en segundo lugar conseguir que pagos que ya son inaplazables -como el embargo de bienes logrado por FCC- se dilate en el tiempo y se hagan dentro de un orden. Estos plazos, según explicó el delegado de Economía, presente en la rueda de prensa, podrían alargarse del orden de diez o doce años, e incluso sin intereses, si así lo dictamina el juzgado.
García-Pelayo consideró, por tanto, que el camino emprendido es el que se ajusta a la legalidad y que “puede resultar más positivo para la sociedad y el futuro del circuito” y lo justificó diciendo que “el hecho de tener los administradores concursales, permitirá mayores garantías a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en relación a la explotación del circuito”.
La alcaldesa opinó también que esta actuación puede permitir dar una solución definitiva al contencioso que desde hace años tiene Cirjesa e hizo especial hincapié en la importancia de que ahora los administradores concursales estén presentes en el día a día de la vida de la sociedad, lo que garantizará que todas las decisiones adoptadas se harán absolutamente ajustadas a la legalidad y, sobre todo, pensando en el interés de la sociedad.
Finalmente, García Pelayo consideró el hecho como “un paso histórico” en relación a la participación y la complicidad lograda de la Junta de Andalucía”, pero además que esta actuación “nos va a permitir limpiar económicamente el circuito, es decir poner el contador a cero desde todos los puntos de vista, tanto desde las deudas como desde la fórmula de gestión, por lo que va a ser importantísimo para el futuro de la ciudad”.
No afectará al gran premio
La alcaldesa aseguró ayer, respecto a la posibilidad de que la demanda de concurso de acreedores afecte al Gran Premio que se celebra cada año en Jerez, que “en principio” esta actuación judicial “no tiene por qué afectar”, añadiendo acto seguido que donde sí tendrá repercusión será “en la renovación del contrato de explotación del Circuito”
Sobre el Gran Premio, la alcaldesa recordó que el compromiso de la Junta de Andalucía es que seguirá apoyándolo al cien por cien y que éste se seguirá celerando en Jerez.Para la alcaldesa, la nueva situación marcará un antes y un después en la gestión y explotación del Circuito de Velocidad.
García Pelayo recordó que los acreedores de Cirjesa eran, en primer lugar Fomento de Construcciones y Contratas, con 23 millones; el propio Ayuntamiento de Jerez, con diez millones de euros y Caixa Catalunya con unos 4,5 millones, que ahora deberán esperar las decisiones judiciales.
No renovar el contrato de explotación
La alcaldesa habló en varias ocasiones de las “garantías” que ofrecerán los administradores concursales “a la hora de tomar decisiones”, refiriéndose con claridad a la explotación del Circuito que en la actualidad está en manos de una empresa y cuyo contrato acaba el 31 de diciembre.Pelayo se refirió a que el Circuito genera unos beneficios del orden de 5 millones de euros de los que el Ayuntamiento no percibe más que un canon de 600.000 euros y, por contra, está obligado a pagar las obras que sean necesarias. La alcaldesa habló de “jugar con esa carta” dando a entender que podría no renovarse el contrato de gestión a quien lo tiene hoy.
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