El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales ha dado un plazo de diez días al fiscal y a la Junta de Andalucía para que presenten sus alegaciones.
El Tribunal Supremo ha admitido el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía a raíz de que la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), reclamara las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.
En una providencia hecha pública ayer, el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, que encabeza el presidente del Supremo Carlos Dívar junto a otros dos magistrados, ha dado un plazo de diez días al fiscal y a la Junta de Andalucía, que defiende el carácter secreto de esas actas, para que presenten sus alegaciones.
Una vez adoptada esta decisión, de la que ha sido ponente el magistrado Octavio Juan Herrero, el tribunal dio ayer mismo traslado a las partes de las actuaciones que han sido remitidas desde el juzgado de Alaya, por lo que los díez días comienzan a contar a partir del lunes, han informado fuentes del alto tribunal.
El pasado 8 de julio, Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, elevó al Supremo este conflicto de jurisdicción, solicitado desde marzo por la Junta.
En ese mismo auto acordaba, no obstante, “mantener la jurisdicción” de su juzgado e insistía en “requerir” a la Junta “el cumplimiento de la prueba ordenada” al defender su competencia para acceder a todas esas actas.
En otra providencia notificada ese mismo día, la juez daba cuenta de que las actas están a disposición de la Junta “desde la notificación del auto de la Audiencia” de hace dos días.
