El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río (Sevilla) ha dejado en libertad con cargos a las seis personas de una misma familia detenidas por agentes del grupo tercero de la Ucrif de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental por explotar a 13 personas de origen rumano en una finca agrícola de Cantillana, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
En este sentido, las mismas fuentes han detallado que el juez los ha dejado en libertad con cargos después de ser detenidos en una operación dentro de la cual los agentes de la Policía consiguieron liberar a cinco personas que fueron trasladadas desde Rumanía con la promesa de un trabajo digno y que, finalmente, eran explotadas en esta finca. Otras ocho víctimas escaparon de sus captores y recorrieron un trayecto de seis horas y media a pie hasta la capital, dado que carecían de dinero en efectivo con el que costearse algún medio de transporte.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa, estas personas vivían hacinadas y confinadas en un alojamiento sin luz ni agua corriente, no percibían ninguna remuneración y, además, contraían deudas "interminables" con la organización por el alojamiento, la comida, el agua o incluso el combustible de los vehículos que les transportaban al lugar de trabajo.
Los arrestados, presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, detención ilegal, coacciones, amenazas y lesiones, pertenecen a una misma familia y son de origen rumano, al igual que las víctimas. Asimismo, utilizaban amenazas de muerte con armas de fuego simuladas y palizas para acallar las voces discordantes entre sus "trabajadores".
Así, era en Rumanía donde se efectuaban las labores de captación, mediante la oferta de un puesto de trabajo digno y remunerado en España. Los interesados eran trasladados en autobús hasta la estación de Plaza de Armas de Sevilla, donde les esperaban los miembros de la organización que, a partir de ese momento, se "hacían cargo" de ellos.
Su destino final era la localidad de Cantillana, donde en primera instancia eran alojados en la azotea de una de las viviendas de la familia, para ser posteriormente hacinados en una infravivienda sin los servicios básicos mínimos como luz, agua corriente o saneamientos.
VIOLENCIA FÍSICA Y PSÍQUICA
La organización controlaba totalmente el día a día de las víctimas, que desconocen totalmente el castellano y se encontraban desubicadas en una localización también desconocida para ellos. Además, sufrían episodios de violencia psíquica con constantes amenazas de muerte, insultos y todo tipo de comportamientos de carácter vejatorio y humillante bajo condiciones labores y humanas de semi esclavitud.
De hecho, uno de los "trabajadores" recibió una fuerte paliza por parte de sus captores que le acarreó graves lesiones por fractura del hueso cubital y traumatismo cráneo-encefálico. A pesar de las vigilancias y controles a los que eran sometidos, ocho varones consiguieron escapar de la infravivienda y se dirigieron a pie hasta Sevilla capital, trayecto en el que invirtieron unas seis horas y media.
Una vez en la ciudad, acudieron a la Comisaría del Distrito Sur para denunciar los hechos y los agentes posibilitaron su alojamiento en una pensión. Paralelamente, los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla localizaron la infravivienda, el domicilio de los miembros de la organización y un segundo alojamiento con otras cinco víctimas --cuatro hombres y una mujer-- confinadas en su interior.
