En el tercer trimestre del pasado ejercicio -último del que se dispone de datos- fueron 33 las mujeres que optaron por renunciar al proceso judicial, frente a las 204 denuncias presentadas. Llama la atención el hecho de que muchas de las víctimas que decidieron no seguir adelante con la causa denunciada fueran extranjeras. En total renunciaron a la vía judicial 14 extranjeras frente a 19 españolas, lo que pone de manifiesto la mayor vulnerabilidad de este segmento de la población.
Con todo, la evolución observada en el último año es positiva. De hecho, en el mismo periodo de 2007 se habían presentado un total de 196 denuncias -ocho menos que en 2008-, siendo el número global de renuncias de 43, lo que representa casi el 22 por ciento del total.
Las denuncias y su origen
De las 204 denuncias presentadas en el tercer trimestre del pasado ejercicio, 23 fueron interpuestas por las propias víctimas. El resto llegó al juzgado después de la elaboración de los correspondientes atestados policiales. En 146 casos, esas diligencias fueron instruidas gracias a las denuncias de las víctimas. En una docena de ocasiones fueron los familiares de las mujeres los encargados de denunciar los hechos ante la Policía Nacional. En otros ocho casos, las diligencias se iniciaron gracias a la intervención directa de los agentes.
Del total de denuncias que llegó al juzgado de Violencia de Género, quince eran acompañadas de otros tantos partes de lesiones.
El juzgado ingresó en este periodo de tiempo un total de 166 delitos relacionados con la violencia doméstica. En la mayor parte de los casos, 84 en total, se registraron lesiones. En otros 62 casos las mujeres denunciaron delitos contra la integridad moral y en 18 ocasiones vieron cercenados sus derechos y deberes.
El juzgado de Violencia de Género adoptó en este periodo trece órdenes de protección, todas las que le habían sido solicitadas. En 2007 se llegaron a incoar 27 órdenes de protección, siendo denegada sólo una de ellas.
Hasta en seis ocasiones los presuntos agresores fueron privados de su libertad, mientras que en otros trece se dictó orden de alejamiento y prohibición de entablar comunicación con las denunciantes.
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