La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y a su madre, Remedios Torres, a un año y once meses de cárcel a cada una por diversos delitos relacionados con la operación Karlos por una presunta estafa a la Seguridad Social.

Según la sentencia hecha pública, María José Campanario ha sido condenada a una pena de un año y siete meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, más cuatro meses de prisión por un delito de estafa en grado de tentativa lo que suma un año y once meses de cárcel, además de una multa de 1.800 euros.
En el caso de su madre, Remedios Torres, el juez la ha condenado a un año y siete meses de prisión por cooperar en un delito de falsedad en documento oficial, más cuatro meses de prisión por estafa en grado de tentativa, lo que suma un año y once meses de cárcel, más una multa de 720 euros.

Según fuentes judiciales, tanto la madre como la hija podrán eludir la cárcel al no tener ninguna antecedentes penales, aunque en el caso de que en el período de dos años alguna de las dos volviese a cometer un delito, tendría que cumplir la nueva condena más la de esta sentencia.

La esposa deJesulín de Ubrique, recurrirá la sentencia, según ha informado a EFE su abogado Francisco Baena Bocanegra. El defensor de Campanario se reunió ayer con la esposa del torero para darle a conocer más en detalle la sentencia que la condena a ella y a su madre, Remedios Torres. Baena Bocanegra ha explicado que Campanario “ha pregonado su inocencia” y lo seguirá haciendo, y ha subrayado que “las sentencias están para respetarlas, pero también para disentir de ellas, la vamos a recurrir”. El letrado no ha querido entrar en más valoraciones sobre la sentencia hasta que no la lea en profundidad.

Hechos probados

En la sentencia 219/2011 de la Audiencia Provincial, el juez considera probada la trama por la que el exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, tramitaba pensiones de invalidez de forma fraudulenta con la ayuda del inspector médico Francisco Casto Lara y de la que se habían beneficiado más de una veintena de personas.
Carlos Carretero se encargaba de contactar con personas, que en numerosos casos no reunían los requisitos legalmente exigidos, a los que les proponía la obtención segura de una pensión a cambio, normalmente, del pago de grandes sumas de dinero por gestionar la tramitación de los expedientes.

Francisco Casto Pérez-Lara emitía estos informes, como inspector médico, falseando la situación real de los interesados con exageración de sus diagnósticos, o basándose en informes médicos que sabía falsos por haber instado su confección a terceros acusados que los emitían sin exploración alguna del interesado, consignaba un estado de salud con padecimientos que conllevaban la propuesta de reconocimiento de algún tipo de incapacidad laboral.

Para Carlos Carretero, principal cabecilla, el juez ha decretado cuatro años de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial y una multa de 3.000 euros.

El inspector médico Francisco Casto Pérez-Lara ha recibido la condena mayor, nueve años y seis meses de prisión y una multa de 9.000 euros, por un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito de actividades prohibidas a funcionario público, en concurso medial (cuando se cometen dos o más acciones delictivas siendo una de ellas necesaria para cometer la otra) con un delito continuado de estafa del que es cooperador necesario, sin que concurra circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal. Su abogado ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia.

El juez también considera probada la actuación de José Luis López Fernández El Turronero como intermediario entre los posibles clientes y Carlos Carretero, como lo hizo con María José Campanario y su madre. Por su actuación ha sido condenado a dos años de prisión por un delito continuado de estafa y una multa de 4.860 euros.

El proceso de la operación Karlos, que comenzó el pasado 11 de abril y se alargó hasta el 11 de junio, ha juzgado a 25 personas por su implicación en la red que obtenía pensiones de invalidez de forma fraudulenta. En la primera semana, 14 de los 25 acusados decidieron aceptar su intervención en la trama y pactar con la fiscalía mientras que los nueve restantes siguieron con el juicio, entre ellos María José Campanario y su madre.Para las cuatro personas restantes que no pactaron han sido condenadas a dos años de prisión como cooperadores necesarios de un delito de falsedad en documento oficial.