José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), enfrenta una doble investigación judicial que amenaza con empañar su reputación y su carrera política. Por un lado, se le acusa de acoso sexual a una auxiliar de enfermería, identificada como C.P.B., y por otro, de malversación de fondos públicos al contratarla como asesora por 48 días por 5.000 euros, tiempo en el que no consta que realizara trabajo alguno. La contratación coincidió con el período en que, según la denunciante, mantenía una relación sexual con el regidor y su pareja, presuntamente bajo coacción.
Según publica eldiario.es, C.P.B. fue contratada en febrero de 2023 como "Asesora del área de Control Externo y Proyectos Estratégicos". Su función, según el consistorio, era supervisar la limpieza viaria, la iluminación, las papeleras y el ornato de la jardinería. Sin embargo, no hay documentos que respalden estas tareas. El concejal del área, Blas Ruzafa, defendió su fichaje argumentando que fue seleccionada para realizar “tareas apreciables a simple vista y que no requieren de cualificación específica”, como “recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”.
El Ayuntamiento no ha podido entregar el informe del jefe de Recursos Humanos sobre su contratación, solicitado por el juez, lo que genera más dudas sobre el proceso. Además, los documentos de su nombramiento y cese presentan irregularidades en los metadatos, indicando modificaciones posteriores.
C.P.B., quien declaró ante el juez en el marco de la investigación por acoso sexual, aseguró que nunca trabajó en el Ayuntamiento y que su contratación fue simplemente una fachada. Según su relato, mantenía encuentros sexuales con el alcalde y su pareja bajo coacción, lo que ha llevado al juez a desdoblar el caso en una causa por malversación de fondos públicos.
En la denuncia por acoso sexual, se incluyen detalles sobre pagos personales realizados por el alcalde, quien abonaba 2.000 euros mensuales a C.P.B. y su pareja, un policía local, para que ambos residieran en Estepona. También se les proporcionó un piso en el edificio Panorama de la avenida de España. La relación a tres bandas, según la denuncia, fue presuntamente sostenida bajo amenazas de represalias laborales hacia el policía local.
El caso ha puesto en el punto de mira la gestión de García Urbano, quien llegó a tener 14 cargos de confianza durante su mandato, con un coste aproximado de dos millones de euros. El PSOE de Málaga ha exigido al PP que lo aparte de su cargo, mientras el alcalde ha emitido una nota en la que sostiene que todo es “un montaje” creado para dañarlo por “motivos espurios”.
La discrecionalidad en la contratación de C.P.B. es otro punto crítico del caso. En Estepona, el nombramiento de cargos de confianza debe ser informado al Pleno y fundamentado en una necesidad específica. Sin embargo, según recoge eldiario.es, en este caso no hubo motivación documentada, y su cese se produjo dos meses antes de las elecciones municipales de 2023. Ambos documentos, el de nombramiento y el de cese, se incorporaron al portal de Transparencia en diciembre de 2024, casi dos años después de los hechos.
El Ayuntamiento, con todos sus servicios externalizados, maneja un gasto anual de más de 44 millones de euros en contratos privados, incluyendo limpieza viaria, jardinería y mantenimiento de infraestructuras. La falta de registro de actividad de C.P.B. como asesora ha puesto en duda la justificación de su contratación, y el juez sigue recabando pruebas sobre el uso de fondos públicos.
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