La Audiencia Nacional (AN) abordará este 2025 juicios de casos tan mediáticos como el del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, por el beso a la futbolista Jenni Hermoso; o el de la familia Pujol, en el que se sentará en el banquillo tanto el expresident Jordi Pujol como sus hijos, acusados de formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
Si bien el juicio a Rubiales arrancará el 3 de febrero y el de los Pujol el 10 de noviembre, otro de los juicios relevantes que celebra desde noviembre de 2024 la AN y que se prevé que acabe a finales de enero es el que sienta en el banquillo al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y que afecta a casi 50 encausados más, entre ellos a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, para el que la Fiscalía interesa más de 9 años de cárcel por blanqueo de capitales y otros delitos.
Así las cosas, Rubiales marcará el primer hito del año judicial en la AN porque será juzgado durante 11 días por el beso en la boca que le propinó a la jugadora de la Selección Española tras la consecución del Mundial celebrado en Sídney (Australia).
La Fiscalía solicita para Rubiales una pena de 2 años y 6 meses por un delito de agresión sexual --por el beso presuntamente no consentido-- y por un delito de coacciones en concepto de autor. Además, se juzga también al exseleccionador femenino Jorge Vilda, al exdirector deportivo de la selección Albert Luque y al que fuera responsable de Marketing Rubén Rivera, por su posible participación en las supuestas coacciones.
En el caso de los Pujol, la vista oral llega después de una instrucción de más de 10 años y las sesiones se extenderán hasta abril de 2026. En este asunto, la Fiscalía Anticorrupción interesa una pena de 9 años de cárcel para el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.
Para el resto del 'clan' las penas va de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, interesa una pena de 17 años por esos cinco delitos, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicita ocho años de cárcel sólo por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
NUEVA RUMASA Y NUMMARIA
Además de estos señalamientos, la Audiencia Nacional también tiene pendiente de comunicar varias sentencias relevantes de juicios que se han celebrado este pasado 2024, entre ellas la de la vista que concluyó en pasado mes de mayo y en la que fueron juzgados los seis hijos del empresario --ya fallecido-- José María Ruiz-Mateos por la presunta estafa de Nueva Rumasa.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público no solo pedía una condena para los seis hijos, también pedía condenar a otros nueve acusados --todos ellos responsables del grupo-- a penas que van de los 3 años de cárcel a los 15 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública.
Otra de las sentencias más esperadas para este 2025 es la relativa al 'caso Nummaria', en la que se ha juzgado, entre otros, a los actores de la serie 'Cuéntame' Imanol Arias y Ana Duato por un presunto fraude a Hacienda.
Se da la circunstancia de que Arias al arranque de la vista oral llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que reconoció hasta cinco delitos fiscales y aceptó una pena de cárcel de 2 años y 2 meses por la que elude entrar en prisión.
En cambio, su compañera de reparto Ana Duato ha mantenido desde el inicio que ella confió plenamente en su asesor fiscal Fernando Peña --a quien más pena se le pide como presunto responsable del despacho Nummaria-- y que fue éste quien le llevó todas las declaraciones ante Hacienda investigadas. Explicó que tenía la "tranquilidad" de que todo estaba "bien hecho" porque "el idioma de los fiscalistas es bastante complicado".
Otra de las sentencias pendientes y que se conocerá este 2025 es la relativa al 'cartel del fuego' en el que se han juzgado presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios. En ese asunto, la Fiscalía Anticorrupción rebajó de 22 años a 2 años y 7 meses de cárcel la petición de condena para Serafín Castellano --exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP--, después de que reconociera los hechos que se le imputan.
LOS CASOS EN INSTRUCCIÓN: DE KOLDO A ALVISE
Por lo demás, los juzgados de instrucción de la AN continúan con su labor en asuntos tan relevantes como el 'caso Koldo'; la investigación relativa a la presunta estafa piramidal que habría perpetrado Madeira Invest Club y que afecta al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez; la causa abierta por narcotráfico en la que está imputado el jefe de Delitos Económicos y de lucha contra el blanqueo de la Policía Nacional en Madrid que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa; o la causa abierta para conocer si existió una investigación extrajudicial a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el primero de los casos, el relativo a la investigación abierta para conocer si hubo pago de mordidas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas, el asunto ha llegado al Supremo en lo relativo a la presunta participación del exministro José Luis Ábalos en esa trama; el resto de la causa seguirá en manos de la AN.
El último de los hechos relevantes acaecidos en la AN fue la declaración voluntaria como investigado del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que reconoció ante el juez Ismael Moreno haber pagado en efectivo tanto al exministro como a su asesor Koldo García y apuntó a diversos cargos tanto del Gobierno como del PSOE.
Otro asunto que ha escalado al alto tribunal es el de la pieza separada de la causa de Madeira Invest Club en la que se indaga en una presunta financiación ilegal de la formación 'Se acabó la fiesta' de 'Alvise' Pérez.
El magistrado José Luis Calama acordó el pasado 20 de diciembre enviar al Supremo la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', contra el eurodiputado al considerar que existen "indicios sólidos" de un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido supuestamente 100.000 euros para su formación.
No obstante, Calama seguirá instruyendo esta causa en la que el principal investigado es el empresario Álvaro Romillo por la presunta estafa piramidal cometida por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones de la que fue máximo dirigente.
En cuanto a la causa abierta y que afecta al jefe de blanqueo, el Juzgado Central de Instrucción número 1 mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario, al igual que las relativas al presunto fraude en el sector de los hidrocarburos que afecta a De Aldama en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
