El incendio de este sábado en el asentamiento de chabolas conocido como 'El Sevillano' en Lucena del Puerto ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que arrastra la provincia de Huelva desde hace más de dos décadas y al que no se le termina de poner solución, pese a que en los últimos años parece que las administraciones se han puesto las pilas.
Este incendio, que ha dejado en la absoluta nada a cerca de un centenar de personas jornaleras migrantes, ha hecho que casi medio centenar de organizaciones sociales, ONG y colectivos firmen un manifiesto remitido este domingo a los medios de comunicación en el que se muestran especialmente críticos con las administraciones públicas, a las que reprochan su “desidia institucional”.
“Este incendio es una prueba más de la desidia institucional ante una situación que se prolonga desde hace décadas. Las organizaciones sociales no cesarán en su lucha por la dignidad y los derechos de las personas jornaleras migrantes, quienes con su trabajo diario contribuyen al desarrollo económico de la región, mientras enfrentan condiciones de vida inaceptables impropias de un estado de derecho”, han dicho al respecto.
Las asociaciones firmantes instan a las autoridades a tomar tres medidas inmediatas. La primera pasa un “alojamiento de emergencia”. Así, indican que “las administraciones competentes y, en especial el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, deben garantizar una alternativa habitacional inmediata para las personas afectadas, ya que se encuentran ante una situación de emergencia humanitaria y proporcionar una solución habitacional digna a largo plazo”.
Al respecto, las asociaciones, encabezadas por Ecologistas en Acción, indican que el fuego ha destruido cerca de 120 chabolas y se han visto afectadas en torno a 100 personas, jornaleras migrantes que “se verán obligadas a pasar los últimos días del año al raso y entre cenizas ante la falta de alternativa habitacional”.
Especialmente críticos se han mostrado con el Ayuntamiento de Lucena, pues aseguran que “se ha negado a habilitar instalaciones municipales para el realojo de emergencia de las personas afectadas”. Asimismo, denuncian que la única propuesta ofrecida por el Consistorio ha sido que estas personas “ocupen chabolas vacías”.
La segunda “exigencia urgente” es la erradicación del chabolismo: “Es imprescindible implementar un plan serio para acabar con los asentamientos y ofrecer alternativas habitacionales adecuadas para las trabajadoras y trabajadores que sostienen el sector agrícola”, afirman.
Y en tercer lugar reclaman compromiso institucional: “Las administraciones deben abandonar el racismo institucional y priorizar políticas que respeten los derechos humanos y laborales de estas personas”.
Situación actual
Las organizaciones indican que, en estos momentos, en la provincia de Huelva existen más de 40 asentamientos, donde” malviven entre 2.000 y 4.000 personas dependiendo de la estación del año”. A pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones sociales sobre las condiciones infrahumanas en estos asentamientos, “las administraciones públicas siguen sin actuar de manera efectiva”.
Al respecto, aseguran que “los ayuntamientos continúan negando el derecho a empadronamiento de estas personas mientras que la Junta de Andalucía lleva meses difundiendo un plan para la erradicación de asentamientos que no está aún elaborado y del que solo se conocen declaraciones en prensa”.
Es por ello, que estos colectivos vuelven a poner el acento en tres aspectos fundamentales: la “falta de responsabilidad y humanidad” de las instituciones y el sector empresarial con unas personas que “son fundamentales para el éxito de unas campañas agrícolas que genera millones de euros anualmente y que se considera el motor económico de Huelva y Andalucía”; la “vulneración de derechos humanos y laborales”, pues “durante más de 25 años, miles de personas trabajadoras han habitado chabolas insalubres sin agua, sin electricidad ni recogida de basura”; y la situación de las mujeres jornaleras, pues “en este incendio se han quedado sin techo decenas de mujeres, la mayoría cuentan que han estado trabajando varios años bajo la Orden GECCO y ,sin embargo, todas decidieron quedarse de forma irregular en España porque el salario que ganaban no era lo que les prometían, es decir, ese contrato en origen, que las autoridades venden como una forma de migración ordenada, deja en la estacada a unas trabajadoras que terminan en los asentamientos de la vergüenza como única salida para poder mantener a sus familias”.
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