El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado por carta al portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, su postura acerca de que “el proyecto Eastside supone una transgresión a la normativa medioambiental, y en particular del Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre”.
Albares recuerda en su misiva, fechada en el pasado 16 de diciembre, y a la que ha tenido acceso VIVA, que la misma extracción de piedra, por parte de la promotora del proyecto, TNG Global, “tiene un grave impacto en hábitats protegidos de la provincia de Málaga, en los municipios de Casares y Manilva”.
Asimismo, admite que “miles de toneladas de piedra de escollera se amontonan para las ampliaciones del proyecto” en una “Zona Especial de Conservación del Estrecho Oriental de la red biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000”.
Albares recuerda a Verdemar que, por todo ello, formuló, el pasado 8 de agosto, “una protesta ante la Embajada Británica mediante nota verbal, reiterando que cualquier construcción o relleno en espacios no cedidos por el Tratado de Utrecht constituye una violación de la soberanía e integridad territorial de España”.
Presión a la Junta
Albares transmite a Muñoz que, desde el pasado mes de octubre, ha seguido “en contacto telefónico” con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien trasladó que “debe responder, atendiendo a su ámbito de competencia, con medidas de carácter ambiental contundentes e involucrarse a fondo contra los rellenos”. Añade que, “en este sentido, y apelando a la necesidad de que la Junta asumiera pleno protagonismo en ese dossier, le remití una carta” este mismo mes de diciembre.
El ministro indica en la carta que ha recordado a la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, “la necesidad de seguir coordinándonos desde nuestros ámbitos de competencia ministerial para responder a “este asunto de gran preocupación”.
Albares finaliza su misiva garantizando a Verdemar su “plena colaboración” para trabajar en beneficio de la protección medioambiental “del Estrecho Oriental y de las comarcas vecinas”.
Gibraltar responde
El Gobierno de Gibraltar ha respondido, a través de un comunicado, que "las aguas que rodean Gibraltar son indiscutiblemente británicas según el derecho internacional y ninguna postura política de la parte española cambiará eso jamás".
Para el ejecutivo de Picardo, "la designación a petición de España de un Lugar de Interés Comunitario de la UE dentro de las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, si bien fue un acto completamente agresivo e inaceptable cuando se produjo, no tiene relación alguna con la soberanía de las aguas".
Insisten en que "esta soberanía se encuentra recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que fija un territorio marítimo de tres millas establecido por cada Estado ribereño, con la posibilidad de reclamar hasta doce millas cuando la geografía lo permita. En el caso de Gibraltar, en derecho internacional, esto implica tres millas al este y al sur y la línea mediana en la Bahía, aunque el Reino Unido tiene derecho a reclamar esas doce millas siempre que sea posible".
"La Declaración española inscrita en CONVEMAR simplemente recoge la tradicional opinión política de Madrid y no supone efecto jurídico vinculante de ningún tipo", comenta Gibraltar.
En este contexto, recuerdan desde el Peñón que "un alto asesor jurídico del propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, José Antonio de Yturriaga, publicó un documento cuando se jubiló en el que indicaba que la reclamación de Madrid sobre el mar territorial de Gibraltar era débil y carente de fundamento jurídico".
Para Gibraltar, "todo esto se traduce en que el proyecto Eastside se encuentra sin asomo de duda en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, a pesar de las bravuconadas mal informadas de la parte española. De hecho, Madrid debería comprender que esta promoción generará millones, si no miles de millones de euros en España y en Andalucía en particular, a través de la compra de bienes y materiales, además de crear cientos de empleos durante la construcción del proyecto y tras su finalización. Más de uno debería entender que esto forma parte de la positiva contribución económica que Gibraltar sigue haciendo a la economía española".
Añaden que Gibraltar "siempre seguirá actuando en sus aguas de acuerdo con las normas internacionales más estrictas de protección del medio ambiente, más estrictas que las aplicables en la propia España, y según las normas sobre los efectos transfronterizos de los proyectos de recuperación de tierras, igual que siempre hemos hecho. No ocurre lo mismo en el lado español, donde la falta de consulta sobre la recuperación de tierras en esa parte de la Bahía ha tenido un impacto negativo en la costa tanto de Gibraltar como de La Línea de la Concepción durante los temporales de invierno".
Además, recuerdan que, "durante nuestro periodo de pertenencia a la Unión Europea, la Comisión de la UE investigó, a instancias de denuncias españolas, el proyecto Eastside en más de una ocasión. En todas las ocasiones, la UE constató que Gibraltar había actuado correctamente en todo y según las normas, en pleno respeto de la ley", insisten.
Asimismo, resulta muy extraño que Madrid trate de resucitar este asunto en este preciso momento, cuando hace tiempo que estaba enterrado desde la perspectiva de la UE, y cuando hace más de veinte años que está claro que el uso del suelo en dicho emplazamiento era precisamente para un proyecto mixto de esta naturaleza.
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