La Constitución garantiza a todos los españoles un acceso igualitario a la sanidad, la educación o las ayudas a la dependencia, pero estos servicios son competencia de las autonomías, que son muy diferentes entre sí en cuanto a riqueza, de modo que el sistema de financiación autonómica intenta igualar sus recursos.
Es fundamental entender que las autonomías se financian en buena medida con los impuestos (el 50% del IRPF y el IVA, básicamente) que la Agencia Tributaria cobra en cada territorio, por lo que sus resultados cambian mucho entre unas y otras comunidades: no se recaudan los mismos tributos en Madrid que en Castilla y León.
También hay que recordar que la ley que establece el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y las ciudades autónomas es una norma de 2009 que se ha quedado antigua.
Un sistema caduco
El modelo debería haber sido renovado en 2014, pero el asunto sigue pendiente desde entonces y PSOE y PP no han sido capaces de alcanzar un acuerdo.
Esos diez años de retraso agravan el primer gran problema del sistema: los recursos asignados para la financiación de las autonomías ya fueron considerados insuficientes por los expertos en su momento y, con el tiempo, además, las necesidades de gasto de las autonomías han crecido.
El segundo problema deriva de que no todas las autonomías tienen los mismos recursos; el sistema persigue igualar a todas ellas, pero no lo consigue.
La Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía salen especialmente perjudicadas del sistema actual.
Y es que no se recaudan las mismas cantidades por habitante en la Comunidad de Madrid que en Extremadura. La actividad económica de Madrid es mucho mayor; su población es más joven o tiene más renta, y por tanto consume más, de modo que genera más ingresos por impuestos... etcétera.
Solidaridad entre territorios
De entre las autonomías sujetas al régimen general (todas excepto País Vasco y Navarra), Madrid, Cataluña y Baleares destacan por ser las que ingresan más dinero que la media y, por eso, contribuyen a un fondo de solidaridad, el Fondo de Garantía, que recibe también dinero del Estado central.
Este fondo redistribuye financiación entre las autonomías que cuentan con menos recursos.
El llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el principal instrumento de nivelación de los servicios, asigna los recursos en función del criterio de población ajustada, que pondera la población real con factores como el envejecimiento y la superficie.
Además de este fondo, hay otros, como el Fondo de Suficiencia, sufragados únicamente por el Estado central y que emplean criterios en la distribución de sus recursos que son complejos y no han venido funcionando correctamente.
Son los que, de hecho, perjudican a unas comunidades sobre otras; y allí reside en gran medida el debate entre unos y otros territorios.
Por ejemplo, si la Comunidad Valenciana argumenta que tiene un gran volumen de población y recibe mucha más en temporada turística, lo que satura sus servicios sanitarios, Castilla y León responde señalando que su población es de elevada edad y se halla dispersa por el territorio, lo que encarece la prestación sanitaria que necesitan.
En este caso concreto, por ejemplo, Castilla y León ha salido beneficiada del sistema, según diversos estudios.
Hay otro elemento en el cálculo de lo que unos y otros territorios aportan o reciben, y es la inversión del Estado en cada uno de ellos todos los años vía presupuestos generales.
Podemos traducirlo, en términos simples, por las obras públicas, muchas veces en transporte como ferrocarril o autovías, aeropuertos o mejoras diversas, que hace el Estado en cada autonomía.
Entre las autonomías "ricas", Cataluña viene quejándose, o al menos las fuerzas independentistas, de que aportan más al sistema de lo que reciben. Y eso que "no reciben" es inversión pública del Estado en Cataluña, inferior a lo que correspondería por el porcentaje de población catalana sobre el total español.
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