Según señala en el auto la magistrada, el presidente del Consejo Regulador figura como beneficiario en dos pólizas, por las que cobra una prestación de unos 2.000 euros mensuales, pero su informe de vida laboral lo tiene dado de alta en la Seguridad Social como trabajador del Consejo Regulador del Brandy de Jerez.
Ante esta noticia, Babé se mostró absolutamente indignado en los micrófonos de la cadena Ser y consideró que es del todo intolerable que trascienda un auto judicial que, ni tan siquiera, se ha comunicado a las partes.
La juez Mercedes Alaya dice que debe investigarse su “relación personal” con Antonio Fernández, exconsejero de Empleo ya imputado en el caso, así como el sueldo que cobraba por los respectivos puestos de trabajo que ocupaba cuando se firmaron las pólizas y el que ahora obtiene como presidente del Consejo Regulador.
En este sentido, Babé negó en la radio que esté cobrando cantidad alguna por un ERE y aseguró firmemente que su relación con el ex consejero de Empleo es, sencillamente, nula. De hecho, recordó que él mismo pidió desde la Federación de Bodegas del Marco del Jerez, Fedejerez, la dimisión de Antonio Fernández como presidente del Consejo del Vino y anunció que pedirá responsabilidades.
Por otra parte, la juez, que investiga los 72 “intrusos” aparecidos en los ERE financiados por la Junta y las 111 irregularidades en otros expedientes, pide además nuevas investigaciones sobre las prejubilaciones de Dhul y que se averigüe por qué dos perceptores de la bodega González Byass tienen reconocida una Incapacidad Laboral Permanente y a la vez disfrutan de una percepción de 2.000 y 2.500 euros mensuales.
Además, la juez ha pedido a la Junta de Andalucía que informe sobre las funciones de Ramón Díaz Alcaraz, ahora diputado andaluz del PSOE. Ayala solicita a la Consejería de Empleo que informe sobre la “completa filiación, funciones e intervenciones” realizadas en el ERE de la empresa Saldauto por Ramón Díaz Alcaraz, tal como había pedido la Fiscalía Anticorrupción.Un testigo han declarado a la Policía que Díaz Alcaraz, entonces asesor del director general de Empleo y ahora diputado andaluz, “pidió personalmente” la inclusión de dos de los tres “intrusos” que se acogieron al ERE de Saldauto aunque nunca trabajaron allí.
El auto llama la atención además sobre la situación de J.A.M.C., que figura como beneficiario en un ERE con una prestación de 1.900 euros “cuando al mismo tiempo tiene reconocida una incapacidad absoluta por enfermedad común y una pensión inicial de 2.542 euros”, por lo que acuerda solicitar su vida laboral. La juez, por otra parte, rechaza la petición del sindicato Manos Limpias de que la Junta sea “expulsada” del procedimiento, donde ejerce la acusación particular.
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