Jiménez se refirió a las palabras del coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien afirmó este lunes que la coalición procuraría buscar “elementos de rectificación” en un plazo de un año en estos casos.
El socialista considera que una vez constituidos los ayuntamientos hay que darles “estabilidad y seguridad”.
Señaló que el apoyo de estos ediles a gobiernos de derecha ha puesto de manifiesto “la incapacidad de la dirección de IU para hacer valer el criterio que había adoptado de que sus votos no abrieran puertas a gobiernos de derecha”.
Dudó de que si la dirección de IU no ha tenido la capacidad de lograr que esto no sucediera en la constitución de los ayuntamientos, tenga ahora “la capacidad política y la energía como para dar la vuelta a esta situación”.
Una situación que ha califica de “absurda, injusta y contradictoria” para una formación que “se dice la izquierda verdadera y después se ha dedicado a abrirle puertas a gobiernos de derecha de manera indiscriminada en toda Andalucía y en España”, poniendo como ejemplos “sangrantes” de ello el caso de Almonte, donde los ediles de IU apoyaron la investidura del PP para poner fin a 32 años de gobierno socialista.
Por otra parte, Jiménez se ha referido a la creación de la comisión de expertos, que hoy va a aprobar el Consejo de Gobierno, sobre el modelo de gestión del Guadalquivir.
Entiende que es una decisión “importante” porque significa el respaldo técnico y científico con el que el Gobierno quiere sustentar su propuesta de gestión compartida del Guadalquivir en el territorio de la comunidad autónoma, partiendo de la premisa de que “es un río andaluz, que forma parte de la historia de Andalucía y que es imprescindible en la economía andaluza”.
Por ello, ha apuntado, es “absolutamente razonable una gestión cercana de los intereses de este río a Andalucía porque el futuro de esta tierra está ligado desde el punto de vista demográfico,. económico y geográfico a este río”.
Tras destacar que la postura del Gobierno andaluz es de “diálogo y consenso”, ha resaltado que también lo es de máximos porque lo se persigue es “maximizar la capacidad de decisión y gestión desde el respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía”.
“Creemos que hay un mecanismo para garantizar una gestión compartida que parta del principio de unidad de cuenca, pero que garantice que la gestión sea cercana al territorio por donde discurre el 98 por ciento del río”, ha indicado, algo que se consigue “con una presencia efectiva en la gestión y en la capacidad de decisión por parte de las autoridades andaluzas y con la gestión coordinada entre el Gobierno y la Junta de Andalucía”.
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