La directora general de Movilidad de la Xunta de Galicia, Judit Fontela, ha anunciado este miércoles que Galicia planea extender las ventajas de las bonificaciones tarifarias del transporte metropolitano a toda la comunidad, con un ahorro de seis millones de euros el año pasado en las cinco áreas -A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y Vigo- donde tiene incidencia.
Con una inversión anual de 149 millones al año dentro del Plan del Transporte Público de Galicia, Fontelo ha explicado que, en el transporte metropolitano de la comunidad se han bonificado trece millones de viajes, durante su participación en un panel en la segunda jornada del Global Mobility Call, organizado por IFEMA Madrid y Smobhub.
“Tenemos el modelo de bonificación y las palancas necesarias”, ha afirmado la directora general de Movilidad, quién ha reiterado que la idea de la Xunta es “extender las ventajas” para que el trasbordo entre municipios “pueda ser gratuito”.
Desde 2022, la Xunta trabaja en el proyecto ‘Área de Transporte Única en Galicia’, que persigue avanzar en la integración de hasta 120 municipios gallegos en este área sin ningún tipo de coste y despenalizar el trasbordo.
Fontela también ha señalado otras medidas impulsadas por la Xunta, como la gratuidad del transporte para mayores de 65 años, aprobada el pasado mes de enero, a través de la cuál este segmento poblacional, junto a los menores de 21 años, pueden realizar hasta sesenta viajes interurbanos al mes de manera gratuita.
Moderada por el consejero delegado de Arriva Spain, Antonio Cendrero, la mesa ‘Movilidad Ferroviaria: la liberalización y el caso español’ ha contado con la participación del director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero; de la directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Lola Ortiz y del director de la Asesoría Jurídica y Buen Gobierno de Transports Metropolitans de Barcelona, Jaume García Soler.
Para lograr un modelo de “éxito” en la conectividad de las ciudades, el director del Consorcio Regional de Madrid ha apuntado la relación de “lealtad, confianza y eficacia” entre las autoridades y los operadores, tanto públicos como privados, como requisito principal para este objetivo.
Una idea que ha compartido García Soler, quién considera que la colaboración público privada necesita tanto un “esfuerzo por ambas partes” como flexibilidad a la hora de negociar porque si los plazos de las concesiones “son cortas” no permitirán al sector privado rentabilizar las inversiones.
Por último, Lola Ortiz ha defendido el trabajo con “entusiasmo” que están realizando conjuntamente administraciones y operadores para aportar soluciones en el Plan de Movilidad de Soterramiento de la A5, que tendrá un impacto la movilidad diaria del ciudadano en los 24 meses previstos de ejecución de las obras.
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