"Me gustaría añadir que he llegado hasta aquí, he llegado hasta el final, que he defendido mi inocencia desde el principio y he mantenido mi declaración desde el principio", ha dicho Campanario al finalizar el juicio, haciendo uso de su último turno de palabra ante el tribunal.
La esposa del torero Jesulín de Ubrique, una de las pocas acusadas que ha hecho uso de este último turno de palabra, ha añadido que ella no entiende "de leyes ni de pactos" pero sí que: "Soy inocente, no he cometido ninguno de los delitos que me imputan. Así lo he mantenido y así lo voy a seguir defendiendo".
Otro de los acusados que ha hecho uso de su último turno de palabra ha sido el supuesto "cabecilla" de la trama acusada de tramitar fraudulentamente pensiones de incapacidad permanente, el ex jefe de la Policía Municipal de Ubrique, Carlos Carretero, que ha querido pedir perdón públicamente.
Y también uno de los supuestos beneficiarios de la red, José García Gutiérrez, un agricultor que padecía alcoholismo y que actuaba como "hombre de paja" de Carretero, quien puso a su nombre ocho de las empresas con las que el ex jefe de la Policía Municipal de Ubrique supuestamente se dedicaba a otra trama de facturas falsas.
"No supe nunca que esa paga era fraudulenta, si lo hubiera sabido no la hubiera cogido", ha sostenido este agricultor a quien, según su defensa, Carretero tramitó una pensión de incapacidad fraudulentamente, y sin cobrarle cantidades de hasta 24.000 euros como a otros, para compensarle de la manipulación que hacía de su situación.
Tras catorce sesiones, que comenzaron el pasado 11 de abril, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dejado hoy visto para sentencia este juicio.
Ahora el tribunal tendrá que decidir sobre las numerosas contradicciones entre las versiones que han ofrecido los acusados en un juicio para el que se habían acreditado noventa periodistas, muchos de ellos de programas del corazón, y que ha estado marcado porque muchos de los 25 acusados, hasta quince, llegaron a un acuerdo con el fiscal para aceptar las acusaciones a cambio de una reducción en las peticiones de condena del ministerio público.
Tres de los acusados que no han llegado a este acuerdo son el inspector médico, Francisco Casto Pérez, que según las acusaciones fue quien utilizó su cargo para que los "clientes" de Carretero lograran las pensiones incluso con informes médicos falsos, y María José Campanario y su madre, Remedios Torres, que han querido defender su inocencia.
Para el primero el fiscal pide la pena mayor, nueve años de prisión, uno menos de los que solicitaba en un principio, y para las segundas, dos años y nueve meses de cárcel, cuando en sus conclusiones provisionales el ministerio público solicitaba cuatro años y medio de prisión para cada una de ellas.
Carretero, que, según un abogado de la acusación durante el juicio ha ganado 200.000 euros participando en programas de televisión, sí alcanzó este acuerdo con el fiscal, que ha reducido de diez a cuatro años de prisión su petición de condena.
La existencia de estos acuerdos con el fiscal ha sido duramente criticada por los abogados de quienes no los han suscrito, como Felipe Meléndez, defensor del inspector médico, que ha llegado a decir que han causado "total indefensión" a los acusados que han querido defender su inocencia.
También Francisco Baena Bocanegra, defensor de Campanario y su madre, que ha puesto de manifiesto que éstas se enfrentan a una condena de dos años y nueve meses de prisión por unos delitos en grado de tentativa cuando para otros que los consumaron la condena que se solicita es de dieciocho meses.
Según el fiscal María José Campanario pagó 18.000 euros a Carretero para que éste, desde su gestoría, tramitase una pensión de incapacidad laboral para su madre, un proceso que no llegó a culminar porque la trama fue descubierta antes pero para la que la red hizo que una mujer suplantara a la madre de la esposa del torero en una prueba médica.
La defensa de Campanario pregunta si sería lo mismo la Operación Karlos sin la mujer del torero
Las defensas del inspector médico Francisco Casto Pérez Lara y de María José Campanario y su madre, Remedios Torres, han coincidido a la hora de plantear en sus conclusiones finales que las acusaciones (Fiscalía, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Junta de Andalucía) se han dejado envolver por lo mediático del caso de la Operación Karlos. En este sentido, el letrado de Campanario ha llegado a preguntar, retóricamente porque se ha contestado con un rotundo no, si sería lo mismo este juicio si no estuviera la mujer del torero y su madre.
Francisco Baena Bocanegra, letrado de María José Campanario y su madre, ha comenzado su conclusión pidiendo una sentencia "plenamente absolutoria" para sus defendidas y ha señalado que sin la presencia de Campanario en el juicio "no habría 90 periodistas acreditados" ni se habrían gastado "600.000 euros" en acondicionar la Audiencia de Cádiz.
Así, ha llegado a afirmar, "con tristeza", que "este es el juicio de la Campa" y ha añadido que "este juicio empezó hace cinco años". En este sentido, ha apuntado que "en el otro banquillo (el de la calle) hay intolerancia y no hay sitio para la presunción de inocencia".
Para Baena Bocanegra, "este clima mediático que ha rodeado el caso ha pasado una dura cuenta", ya que "las acusaciones no se han sabido sustraer a ese espíritu, fundamentalmente el fiscal". Para el letrado, "no han sabido superarlo", lo cual ha argumentado diciendo que a sus defendidas las han situado "en la cúpula" de los acusados, apareciendo en las peticiones de condena, por ejemplo, detrás de Francisco Casto y Carlos Carretero, considerados supuestamente los dos cabecillas.
Además, ha señalado que para los mismos delitos, para otros acusados el fiscal solicita 18 y seis meses de prisión y para Campanario y su madre dos años y nueve meses. Igualmente, ha llamado la atención de que el fiscal durante su informe de conclusiones hablara durante 26 minutos del inspector médico Francisco Casto y hasta 50 de sus dos defendidas. Así, ha manifestado que "la bandera Campanario por un momento se ha colado en este tribunal".
LAS ACUSACIONES HAN PERDIDO EL NORTE
Felipe Meléndez, abogado de Francisco Casto, también ha manifestado que las acusaciones "han perdido el norte" con respecto a "los tribunales de la calle" y lo de aquí.
En este sentido, ha señalado que "para la calle" una conversación en la que se dice que han matado a alguien es diferente que para una sede judicial, donde se puede anular esa escucha. Así, ha manifestado que "aquí (en sede judicial) no puede pasar lo que se quiere fuera (en la calle)".
Por ello, a juicio del letrado, en el juicio de la Operación Karlos "tenemos ante la gallina que el huevo" y la acusación ha intentado llegar al huevo porque ya tenía la gallina. Para eso, según Meléndez, ha aplicado un "razonamiento inductivo" y ha añadido que "lo que era un procedimiento contra 30 personas, se ha centrado todo contra el señor Casto".
NO HA HABIDO CONFORMIDAD SINO UN PACTO Y BONANZA EN LAS PENAS
Meléndez ha cuestionado también los acuerdos a los que ha llegado la Fiscalía con algunos de los acusados, entre los que se encuentran Carlos Carretero (uno de los principales cabecilla) y su novia Elisa Calvente.
El letrado ha señalado que en este caso "no ha habido conformidad", sino que "ha habido un pacto en toda regla y una bonanza absoluta de lo que son las penas". Además, ha añadido que es algo que "se sabía de antemano" y ha señalado que "un pacto es algo que no se puede permitir, fuera (en la calle) a lo mejor sí, aquí (en sede judicial) no".
En este sentido, ha afirmado que el pacto "se ha hecho en dos bloques, los que se limitan a reconocer los hechos y los que además de eso, tendrían que aclarar algo" o ir contra los otros acusados, en este caso según Meléndez, contra Francisco Casto. Además, ha calificado de "curioso" que algunos de los conformados cuando fueron preguntados por el propio fiscal para "ir contra los que no" se habían conformado, "terminan cayendo en contradicciones con el propio relato del fiscal".
Para el abogado se ha dado la figura del "imputado condicionado" y ha recordado que según jurisprudencia, no vale el testimonio inculpatorio de una persona que está mediatizada por un acuerdo de pena. Además, se ha quejado que "encima, en la mayor y más absoluta indefensión (por parte de su defendido al no poder ya contrarrestar), introducen nuevos elementos de acusación".
Por ello, según Meléndez, en este juicio se ha dado una fórmula consistente en "reconocer los hechos más además acusar a otro, igual a menos pena". En este sentido, ha apuntado también el hecho de que la multa por responsabilidad civil para los acusados conformados con la Fiscalía es de seis euros por día y para los no conformados asciende a 30 euros por día, siendo los mismos delitos.
CARRETERO, LICENCIA PARA MENTIR
Así, ha hecho referencia sobre lo obtenido por Carlos Carretero a cambio, supuestamente, de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y declarar contra el inspector médico. En este sentido, el abogado defensor de Francisco Casto ha manifestado que la declaración de Carlos Carretero en el juicio "no tiene desperdicio" y ha afirmado que ha declarado desde una "posición de privilegio", ya que "tiene pactada la condena y eso le lleva a decir lo que quiera y dice aquí una cosa y al día siguiente otra en televisión". Así, ha dicho que se trata del "agente Carretero, licencia para mentir".
En cuanto al pacto de su condena, Meléndez ha indicado que Carretero "ha conseguido" que se quite la acusación contra su padre, que la petición contra su novia (Elisa Calvente) pase de cuatros años y medio a un año y medio de prisión, que la de su suegra se reduzca de 21 a seis meses y que la suya se reduzca de diez a cuatro años.
Además, ha señalado que ha conseguido que se le aplique la atenuante de reparación del daño, disponiendo para ello de dinero que estaba embargado. En este sentido, ha recordado que a Carretero se le quiso embargar un dinero cobrado por acudir a un programa de televisión con el que estuvo "mareando" para no entregarlo y curiosamente, antes del juicio pero después de reunirse con el fiscal, ese dinero fue librado para que pudiera reparar el daño.
También ha criticado que el fiscal haya aplicado a Carretero y los demás acusados la atenuante por el "desgaste de banquillo", ya que ha recordado que "ha trincado 200.000 euros y su novia 50.000" por hablar en televisión "y no aquí (en la Sala de la Audiencia) mientras se estaba celebrando el juicio". Un atenuante que el propio Meléndez ha recordado que no se ha aplicado a Francisco Casto, que ha estado todas las sesiones del juicio presente en la Sala.
Para Felipe Meléndez durante el juicio se ha dado, por parte de la acusaciones, un principio de "presunción de culpabilidad" y ha añadido que "lo que interesa es que Casto pague".
¿QUÉ TIENE QUE VER CAMPANARIO?
Por su parte, Baena Bocanegra ha manifestado que las acusaciones parten de que Campanario y su madre actuaban juntas y sabían las dos lo que se hacía. Así, ha señalado que "han creado una solidaridad virtual de madre e hija que no se sostiene" y ha añadido que "no se ha demostrado que lo que Remedios Torres quería era otra cosa" diferente a lo que se estaba tramitando, ya que quería una revisión de su minusvalía y lo que se estaba tramitando era una incapacidad laboral.
En este sentido, al señalar que se estaba juzgando si Remedios Torres sabía si lo que le estaban solicitando era una cosa u otra se ha preguntado: "¿Y en este juicio, qué tiene que ver Campanario?".
Finalmente, Baena Bocanegra ha puesto en cuestión todas las pruebas que las acusaciones han presentado contra sus defendidas y ha recalcado que fueron engañadas.
El Fiscal argumenta que Campanario y su madre conocían que se tramitaba una pensión y no una minusvalía
El fiscal del juicio de la Operación Karlos, que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, ha argumentado en sus conclusiones finales que María José Campanario y su madre, Remedios Torres, para las que pide dos años y nueves meses de prisión para cada una, eran conocedoras de que lo que se estaba tramitando era una pensión laboral y no una revisión de la minusvalía de Remedios Torres, como ambas han defendido desde el principio del proceso.
El fiscal ha pronunciado que la palabra minusvalía "solo está pronunciada por ellas" durante el proceso, pero que en ninguna de las actuaciones practicadas existe ninguna tramitación sobre una posible minusvalía y sí sobre la consecución de una pensión laboral por incapacidad.
Además, ha recordado que ambas tramitaciones "no tienen nada que ver", ya que las tramitaciones por una minusvalía dependen de otro organismo administrativo y conlleva un procedimiento distinto. Por ello, a juicio del fiscal, María José Campanario y su madre "tenían pleno conocimiento de que tramitaban una pensión".
Asimismo, el fiscal ha afirmado que "no tiene explicación" que Remedios Torres, teniendo una minusvalía reconocida en Castellón tramitara su procedimiento en Cádiz si lo que quería era una revisión, como han defendido durante el juicio.
Por otra parte, también ha indicado que "choca" que pagaran 18.000 euros para conseguir algo que es "gratuito" (una revisión de la minusvalía). En este sentido, ha añadido que "ya conocían" el procedimiento porque lo hicieron en Castellón (cuando se le reconoció la minusvalía), por lo que no pagaron para que la vieran los mejores especialista.
Además, se ha preguntado que "sin tan mal estaba, qué necesidad hacía falta de ese dinero para especialistas y por qué en Cádiz". A juicio del fiscal, la respuesta está en que "porque lo que se iba a conseguir era una pensión de incapacidad laboral".
SIN DOCUMENTACIÓN MÉDICA DE 2004 A 2006
Otro de los hechos sobre los que ha llamado la atención el fiscal se encuentra en que en la época "en la que supuestamente se agrava la patología" de Remedios Torres, de 2004 a 2006, "resulta que no hay documentación, no hay ni un informe ni un papel de haber tenido que ir al médico porque se encontraba peor".
Igualmente, ha señalado que uno de los documentos relacionados con su contratación laboral para posteriormente poder tener derecho a una pensión de incapacidad laboral, está firmada por Remedios Torres, concretamente la prórroga del contrato de trabajo, lo cual se podía leer arriba del propio documento.
En este sentido, ha señalado también que Carlos Carretero (uno de los considerados cabecillas de la trama) ha reconocido que sabían que se le estaba tramitando una pensión laboral. Algo que a su juicio también queda acreditado en una conversación telefónica entre María José Campanario y Carlos Carretero, cuando la mujer de Jesulín le dice a Carretero que a su suegra no le había pedido tanto dinero y éste le recuerda que su suegra había trabajado y que su madre, Remedios Torres, no lo había "en su vida".
Finalmente, tras afirmar el fiscal que en la tramitación "hay clandestinidad", ha hecho referencia a la declaración de una de las médicos que declaró como testigo y que aseguró en reiteradas ocasiones que fue la propia Remedios Torres la que le manifestó que trabajaba como limpiadora en una inmobiliaria.
El hecho de que Remedios Torres apuntara la empresa en la que supuestamente trabajaba cobra relevancia, ya que, como ha apuntado el fiscal, ese detalle no aparece ni en la información administrativa del expediente para obtener la pensión. En este sentido, ha recordado que el informe de la Unidad Médica de Inspección, al que pudo tener acceso esta médico pero que según señaló tampoco lo tuvo, aparece que Remedios Torres trabaja como limpiadora, pero no señala que lo hace en una inmobiliaria.
Además, el fiscal ha señalado también que en su informe, la médico incluso detalla una fecha que dice que le da la propia Remedios Torres. Algo que no pudo inventarse la testigo porque "eso no viene en ningún sitio".
Igualmente, ha señalado que también hizo constar la médico en su informe que anteriormente, según le dijo Remedios Torres, había trabajado de operaria en una empresa de lámparas. Un dato que según el fiscal, sólo aparece en dos ocasiones en todo el proceso judicial, ambas durante el juicio. La primera, según ha recordado, la dicen las propias acusadas y la segunda vez que sale dicho dato es en el informe de la testigo, por lo que, según el fiscal, "la médico no se lo inventó", sino que fue dicho verbalmente por Remedios Torres en la consulta.
CASTO TRAICIONA SU FUNCIÓN
En cuanto al inspector médico Francisco Casto Pérez Lara (para el que Fiscalía pide un total de nueve años de prisión), el fiscal ha considerado "realmente grave" los hechos, ya que "es un funcionario público sobre el que descansaba la sociedad para que no ocurriera lo que ha ocurrido" y ha añadido que "él estaba allí para que no hubiera fraude y traiciona esa función", siendo él mismo que supuestamente ha cometido fraude.
Asimismo, ante las acusaciones realizadas por la defensa de Casto en cuanto a que se ha utilizado a los acusados que han llegado a acuerdo para que declararan en contra del inspector médico, el fiscal ha querido dejar claro que su informe de conclusiones "no se deriva del reconocimiento de los hechos" por parte de algunos acusados, sino que "hay una gran actividad probatoria".
El fiscal ha hecho referencia a la declaración dada por el inspector médico durante el juicio, afirmando que "va hilando unos datos con otros a su antojo que son radicalmente falsos". Asimismo, ha indicado que Francisco Casto, durante su declaración, "no hace apenas mención a las conversaciones telefónicas", que a juicio del fiscal, "son una prueba fundamental", ya que hace ver que "toda su declaración es falsa".
Asimismo, ha manifestado que el inspector médico pensó que "tenía impunidad" al saber cómo funcionaba el sistema, "pero las conversaciones telefónicas tienen un componente valioso porque al no saber que lo están grabando se expresa de una forma muy reveladora". En este sentido, ha llegado a calificar las conversaciones grabadas como "una losa granítica sobre el acusado".
Posteriormente, el fiscal ha ido tachando de "falso" cada una de las argumentaciones que Francisco Casto había declarado en el juicio, desde que sus propuestas no tenían trascendencia para la consecución de las pensiones a que no tenía amistad con Carretero, que según el fiscal, es algo que queda acreditado en las conversaciones telefónicas, así como en seguimientos realizados por la investigación.
REBAJA DE PENA A CARRETERO
El fiscal ha justificado en su informe la rebaja de pena solicitada para Carlos Carretero (finalmente de cuatro años de prisión). Así, ha calificado como "muy importante" el hecho de que haya reparado el daño con la devolución del dinero o el propio reconocimiento de los hechos, que según jurisprudencias, "es plenamente legal" que se valore para una rebaja de la condena el reconocimiento de los hechos y la responsabilidad.
Asimismo, ha señalado que otra de la cuestiones aplicadas a los acusados para la rebaja de petición de condena en el delito relacionado con la falsedad en documento oficial se encuentra en una circunstancia específica como es la valoración del desgaste y sufrimiento añadido por las circunstancias que rodean al caso, algo que según ha explicado no ha podido aplicar a Francisco Casto en el delito de falsedad en documento por funcionario público al ser él el funcionario público que supuestamente ha cometido dicho delito.
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