La Fiscalía de Granada le atribuye a ella y al que fuera secretario de la asociación, Antonio Fernández Lupión, un delito de falsificación de certificados, por el que ambos se enfrentan a 3.600 euros de multa, pena que la acusación particular, que ejerce un vecino del barrio, eleva a los 18 meses de cárcel y multa de 18 meses.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la directiva de la asociación dimitió de sus cargos entre mayo y julio de 2006, y no se celebró asamblea para elegir a los nuevos miembros.
Sin embargo, en el mes de junio de aquel año Cristina Almagro, actuando en calidad de presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, presentó ante la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública solicitud instando a las inscripción de la modificación de estatutos en el Registro de Asociaciones, ante la reunificación de las Asociaciones del Albaicín y San Pedro que se había acordado en Junta General Extraordinaria de la del Albaicín el 29 de diciembre de 2005, a la que Almagro ni siquiera asistió según adelanta este miércoles la prensa local.
Almagro adjuntaba una certificación de fecha 19 de junio de 2006 expedida por Fernández Lupión en calidad de secretario. En ese certificado se aseguraba que en la Asamblea General Extraordinaria de diciembre de 2005 se había elegido nueva directiva, con Almagro como presidenta, y Fernández Lupión como secretario. La documentación presentada ante la Delegación fue sin embargo devuelta para su subsanación.
Por ello, posteriormente fueron presentados de nuevo ante la Delegación dos certificados "con idéntica finalidad", uno el 30 de julio de 2006 y otro el 13 de abril de 2007. De nuevo, Fernández Lupión, con el visto bueno de la presidenta, expidió nuevo certificado, haciendo constar igualmente la elección de la nueva directiva y la relación de los nombres que la componían, de la que cuatro de ellos, incluido el secretario y la presidenta, no eran ni asociados el 29 de diciembre de 2005. Además, en la primera certificación la persona que figuraba como vocal aparecía como vicepresidente en la segunda, y el que en un primer momento era el tesorero, luego fue sustituido por otro nombre en el siguiente certificado.
La denuncia que motivó la apertura de diligencias la interpuso en su día Miguel Ángel García Segura, familiar del presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, que en el escrito que presentó ante la Fiscalía informaba de que Almagro llegó, para asegurarse la victoria electoral y ser elegida presidenta, a poner en marcha un proceso electoral "fraudulento", con la creación de atípicos órganos de control electoral no previstos en los estatutos y con la afiliación "masiva a la asociación" de personas afines a los dirigentes que no residían ni en el barrio, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
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