Le echa en cara a la Junta que haya entregado una documentación "inaudita, carente del menor orden lógico o cronológico e impropia".
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha reprochado a la Junta que haya entregado una documentación "inaudita, carente del menor orden lógico o cronológico e impropia", a la vez que ordena investigar más al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ya imputado.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que la documentación remitida por la Consejería de Empleo de la Junta es "un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de la Administración", donde existe siempre un orden "en la tramitación de cualquier asunto".
Dicho orden es "tanto más esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias", dice la juez, por lo que ordena a la Junta que en el plazo de cinco días le remita "copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados, o en otro caso manifieste al juzgado detalladamente las razones por lo que las citadas actuaciones presentan el estado descrito".
La juez Mercedes Alaya, que investiga los 72 "intrusos" aparecidos en los ERE y otros 111 casos con irregularidades, expresa en su auto que pese a las dificultades continúa la instrucción del caso y por ello pide a la Policía que profundice en las ayudas a cinco empresas, entre ellas las bodegas González Byass, donde se prejubiló Antonio Fernández.
Sobre el exconsejero, la juez pide que se investigue el cargo que ocupó en la bodega, los altos cargos que existían cuando Fernández pidió su excedencia, si al mismo tiempo solicitó excedencia como profesor asociado en la Universidad de Cádiz en 1981 y si fue voluntaria o forzosa.
Además quiere que se averigüe si Fernández se acogió a una excedencia forzosa cuando fue elegido concejal de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1983, si en años posteriores prorrogó su excedencia en la bodega y si el cómputo para su prejubilación se hizo en base al número de años trabajados o a su antigüedad en la empresa.
También pide recabar el convenio colectivo de la bodega para determinar si existía alguna disposición específica sobre las excedencias.
La juez, por otra parte, ordena investigar el entorno del exsindicalista de la UGT Juan Lanzas, ya imputado como "conseguidor" de los ERE, y pide a la Policía que informe si Carmelo C.P., beneficiario de una póliza, era el compañero de una cuñada de Lanzas y si Fernanda G.V. antigua trabajadora de Cárnicas Molina, pertenecía al círculo del sindicalista.
Entre otros aspectos, Alaya pide que se investigue por qué Empleo denegó en 2006 un segundo ERE en la empresa Dhul con el argumento de que desde la referida consejería "no se desarrollan políticas de incentivos de prejubilaciones", y pese a lo cual dicha segunda fase siguió adelante.
La juez informa además de que han aparecido cuatro nuevos falsos trabajadores en Matadero de Fuente Obejuna, dos de ellos residentes en Úbeda (Jaén), y de los cuales tres "intrusos" fueron presuntamente incluidos en el ERE de 2002 para 23 trabajadores y el último en 2006 para dos nuevos asegurados, de los cuales solo uno había trabajado realmente en el matadero.
