Rivas ha recurrido ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, y subsidiariamente ante la Audiencia provincial, para que sea sobreseída la causa respecto a él ya que no se le puede imputar ningún delito y "ni siquiera irregularidad administrativa alguna".
Uno de los "intrusos" que le imputa la juez Mercedes Alaya, la inclusión de su cuñado José Antonio M.S. en el ERE de la empresa Surcolor, no aparece respaldada por el informe policial aportado a la causa, en el que "para nada se cita" a Rivas ni se le relaciona con los hechos investigados, sostiene la defensa.
Rivas figura entre la quincena de personas imputadas por los ERE irregulares subvencionados por la Junta, de los que hasta ahora se han detectado 72 "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas y otros 111 casos con irregularidades administrativas.
La defensa de Rivas sostiene que "en ningún caso autorizó expediente alguno en el que se incluyera a falsos trabajadores" y que la voluminosa documentación aportada a la causa no lo vincula con ninguna irregularidad.
De lo investigado hasta ahora se deduce que los "intrusos" fueron introducidos en un momento posterior a la intervención de Rivas como autoridad laboral, esto es, cuando se formalizaron las pólizas de seguro de renta colectiva para el pago de las prejubilaciones.
Por ello Rivas "no tiene nada que ver" y "es ajeno" a dichas inclusiones presuntamente fraudulentas, sostiene el recurso.
En cuanto al ERE de Mercasevilla de 2007, del que la juez Mercedes Alaya le imputa no haber apreciado "dolo, fraude ni la menor irregularidad", el defensor de Rivas recuerda que lo aprobó tras recibir un informe de la inspectora de trabajo, que lo declaró "conforme al principio de la buena fe" y recomendaba "informar positivamente el presente expediente, con los efectos que procedan".
Este hecho, expresamente consignado en la resolución que firmó Rivas, "le exime de responsabilidad", al igual que la inclusión como presunto falso prejubilado en Mercasevilla de Antonio R.M., de quien tanto la dirección de la empresa como el Comité aconsejaron que fuese incluido.
"La expresa conformidad de empresa y trabajadores eximen al entonces delegado de Empleo", lo que también "vacía de contenido" la imputación de la juez, según su recurso.
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