El varapalo administrativo a licitación del servicio de Ayuda a Domicilio ha desatado una tormenta política y ha despertado cierta preocupación entre los representantes de los trabajadores. Es lógico. Con casi 300 empleados y un millar de usuarios, el servicio es de suma importancia. Pero, además, la confección del pliego y su dotación han condicionado la tramitación de los presupuestos municipales en vigor.
El alcalde, Bruno García, se comprometió a ser el primer edil más social de la historia democrática e hizo de Ayuda a Domicilio el contrato clave en este sentido, dado que el equipo de Gobierno anterior fue incapaz de sacarlo adelante, al estar infradotado el pliego que puso sobre la mesa. Además, recién iniciado el mandato, la plantilla se movilizó hasta amenazar con huelga por las precarias condiciones en las que trabajaban y Bruno García medió hasta alcanzar, en febrero, un acuerdo que garantiza mejoras laborales, con la reducción progresiva de la jornada semanal, y económica, con un plus de 200 euros y un coste de 20,5 euros por hora, frente a los 15,61 hasta ahora gracias a que el Ayuntamiento también aportará fondos.
El primer edil se ha agarrado a este precio y el compromiso de ofrecer 392.000 horas anuales de servicio para considerar que el pliego cuenta con presupuesto suficiente, en contra de lo que defienden el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (Cecua) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste). Además, dice, se han presentado tres ofertas, lo que considera suficiente para que el procedimiento siga adelante.
Bruno García prefiere no valorar la opción de que el órgano de arbitraje tumbe el pliego. Si lo hace, quedará comprometida la apuesta del PP por la política social y tendrá consecuencias económicas y políticas. Toca esperar.
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