El Gobierno, que ya avisó de que la vivienda iba a ser capital esta legislatura, ha redoblado su ofensiva para situarla en el centro del debate político, especialmente tras las protestas del 13 de octubre en las que miles de ciudadanos salieron a denunciar la "emergencia social" que existe.

La vivienda es uno de los temas centrales en el discurso político del Ejecutivo, compromiso que evidenció al recuperar este Ministerio. De esta forma, quiere consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar y espera finalizar esta legislatura sentando las bases para resolver este problema estructural y "acabar con él para siempre".

Pese a que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, el Gobierno reitera que agotará todo el margen de actuación desde el respeto de sus competencias para asegurar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

Desde que miles de personas salieran a las calles el pasado 13 de octubre en Madrid reclamando una bajada de los alquileres, han sido numerosos los actos, entrevistas y comparecencias del Ejecutivo que han tenido como punto central la vivienda.

Cabe destacar, entre otros, la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el sector el martes 22 de octubre, la comparecencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados un día más tarde, o en el Consejo de Ministros del día 15 para informar sobre el registro electrónico que regulará los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, así como del reparto de 200 millones de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven.

A ello se han añadido varios informes recientes del Banco de España sobre el mercado de la vivienda, así como la licitación de la primera fase del conocido como 'Proyecto Viena' de Sareb para la construcción de 3.770 viviendas de alquiler asequible en 50 suelos cedidos por la sociedad durante 80 años.

La vivienda distancia al Gobierno y a sus socios

La vivienda ha abierto una nueva brecha entre el Gobierno y sus socios de Sumar, que quedó patente durante el debate de esta semana en el Congreso, en el que incluso un diputado de la formación que dirige Yolanda Díaz advirtió a la ministra de que "si no está del lado correcto, no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista".

Tampoco convenció la titular de Vivienda al resto de socios de la izquierda, que exigen al Gobierno intervenir el mercado de la vivienda para rebajar los precios, la acusan de estar del lado de los rentistas y la ven "desorientada" y "superada" "dejándose arrastrar de un lado y de otro por propuestas incompatibles entre sí".

Tal es el foco que hay puesto en el problema de accesibilidad al que se enfrenta buena parte de la sociedad española, especialmente los jóvenes por los altos precios y la falta de oferta, que incluso los republicanos manifestaron que esto se trata ya de "o vivienda o Gobierno".

Las críticas también llegan desde la derecha, que ve en las políticas del Gobierno un rotundo fracaso y en la intervención del mercado una medida fallida que no ha funcionado en ningún sitio y abogan por construir más vivienda ya que el actual es un problema de oferta.

Clamor por un pacto de Estado

El Gobierno, que insiste en que no existen varitas mágicas para resolver el problema de la vivienda y que hay que estar a la altura de la ciudadanía ya que ni ponerse de lado ni "tirarse los trastos a la cabeza" va a mejorar la situación, clama por alcanzar un pacto de Estado en esta materia, que también demanda el sector.

El Ejecutivo, con una Ley de Vivienda en vigor desde hace un año, urge a las comunidades del PP, especialmente Madrid, a que declaren zonas tensionadas para regular los precios del alquiler y pone el acento en elevar el parque público de vivienda y blindarlo para siempre. También ha diseñado avales para promover vivienda de alquiler asequible y la compra en los jóvenes, así como varias iniciativas para regular los alquileres de corta duración, turísticos y de habitaciones.

Unas medidas que no convencen a la oposición, que cree que no se está haciendo todo lo posible para hacer frente a este "drama social". Ni el sector, ni la oposición de derechas son partidarios de una intervención del mercado, que los grupos a la izquierda del PSOE le piden acentuar.

El Sindicato de Inquilinas, que demanda la dimisión de la ministra, ya ha avanzado que volverán a "tomar las calles" en Málaga y Sevilla (9 de noviembre) y Barcelona (23 de noviembre) con un mensaje claro: "o bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos" y avisa de que la huelga orientada a dejar de pagar las rentas coge cada día más fuerza.

Además, UGT ha presentado una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que ha vulnerado la Carta Social Europea al no garantizar el acceso a una vivienda, medida con la que espera que la vivienda se convierta en un derecho que los ciudadanos puedan implorar ante los tribunales.