El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha subrayado que el 'caso Koldo' "no huele nada bien" ante el que hay que pedir "máxima transparencia y exigencia de explicaciones", pero demanda también no caer en "especulaciones" mientras se desarrolla la investigación.
Por otro lado, ha denunciado que el PP sigue una estrategia "con todo descaro" de "combatir" al Gobierno de coalición por "tierra, mar y aire sin ninguna compasión", utilizando para ello sus "terminales judiciales".
Así lo ha trasladado durante su intervención en la Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano ejecutivo de la formación, y donde ha criticado también que la Sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo trata de "boicotear" la acción del Ejecutivo de coalición con su resolución de imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
"Una intromisión absolutamente inaceptable de la judicatura sobre el poder político y soberano (...) en una línea que siguió para boicotear la ley de amnistía", ha lanzado para, luego, desgranar que se intenta construir contra el fiscal general una causa donde lo relevante es que la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un "delincuente fiscal" confeso.
Durante su intervención, Maíllo ha alertado que su formación se toma "muy en serio" los presuntos casos de corrupción, que "socavan" la confianza ciudadana en las instituciones y en gobiernos.
Y su criterio también en el 'caso Koldo', ha relatado, es pedir "transparencia absoluta", "información detallada" y velar que los informes policiales, como el elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se conviertan en "evidencias significativas".
Maíllo ha insistido en que esta presunta trama se enmarca en un contexto "doloroso" como era la pandemia y donde indiciariamente "unos pocos" habrían aprovechado para el enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, ha reprochado al PSOE que mantiene una posición "timorata" en política de vivienda, dado que no se atreve a hacer una política de "cirugía radical" ante el problema, y ha manifestado que IU respalda las movilización para demandar la bajada de precios en múltiples ciudades del país.
Frente a ello, ha contrapuesto que IU tiene propuestas valientes y muy claras, como crear 600.000 viviendas públicas, desincentivar fiscalmente los pisos turísticos para que vayan dirigido al alquiler de larga duración e incluso habilitar la expropiación de inmuebles a grandes tenedores por "utilidad social y emergencia habitacional", al destacar que la Constitución permite ejercer esta medida.
A su vez, ha destacado que es necesario volcarse en el apoyo de las movilizaciones sociales, dado que las manifestaciones masivas podrán hacer que el ala socialista se mueva a afrontar las reivindicaciones populares con medidas más ambiciosas.
"Si circunscribimos la negociación y el cumplimiento del programa electoral y de nuestras propuestas a una negociación aritmética y solamente institucional, sencillamente por la correlación de fuerzas existentes, podemos llevarnos grandes dosis de la melancolía", ha advertido.
Por último, ha criticado el bono de alquiler joven, dado que sin otras medidas son "transferencias indirectas" de los recursos del Estado a los propietarios, sin paliar los altos costes de renta que asumen ahora los inquilinos.
