El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso por la que insta al Gobierno a abordar con las administraciones educativas competentes "la problemática falta de transparencia e información veraz" de la voluntariedad de las cuotas de las familias en los colegios concertados. El texto ha sido presentado para su debate en la próxima Comisión de Educación, Formación Profesional (FP) y Deportes.
La iniciativa, firmada por la portavoz adjunta primera Aina Vidal Sáez y por la diputada Àgueda Micó Micó, señala que esto "contraviene" el principio de gratuidad y "puede comportar sanciones muy graves" como la retirada del concierto, conforme al artículo 62.2 letra b de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la coalición magenta ha hecho referencia al estudio anual sobre cuotas y precios de los colegios concertados que lanza la Asociación de Colegios Privados Independientes (Cicae). Según los datos recabados por la organización, casi el 80% de los colegios que forman parte de la investigación cobran una cuota base a las familias. Sin embargo, el 69% "no menciona" la voluntariedad de la misma en las entrevistas y sólo el 19,4% alude a ello en la documentación entregada. De hecho, en el 72% de los casos "ni siquiera existe una voluntariedad".
Sumar ha recordado que los principios de no discriminación, solidaridad e igualdad de oportunidades y trato están "firmemente anclados" en la Constitución de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además, ha incidido en que la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) estableció que ni los centros públicos ni los privados pueden pedir aportaciones excepto para actividades escolares y servicios escolares y que aún así estas deben ser de carácter voluntario.
En opinión del Grupo Parlamentario, muchos centros educativos con concierto económico "llevan años saltándose la norma sin que haya ninguna consecuencia al respecto". Así, ha recalcado que "la impunidad" les ha servido para que "curso tras curso, sigan ejerciendo esta práctica del todo abusiva y que rompe con el principio de igualdad en materia educativa".
En este sentido, ha lamentado que las prácticas "normalizadas y no sancionadas de los centros privados sostenidos con fondos públicos no ayudan" a trabajar por una escuela pública "de calidad, en igualdad y totalmente gratuita".
