La Guardia Civil, en el marco de la operación Suspicio, ha recuperado 98 vehículos de alta gama y premium que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. El valor de los efectos intervenidos y recuperados en el sector de la automoción asciende a más de 6 millones de euros.
En la operación se ha precedido a la detención de 66 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo de vehículos por su implicación en diferentes delitos.
La investigación se inició en el año 2022, a raíz de las distintas comprobaciones que realiza el Grupo de Investigación y Análisis Central de Tráfico de la Guardia Civil con las diferentes jefaturas provinciales u oficinas locales de tráfico, donde se pudo constatar la utilización de forma fraudulenta de documentos falsos y falsificados (permisos de circulación), de diferentes países de la UE que amparaban la legalización de vehículos que previamente habían sido sustraídos y manipulados y tenían como destino España.
Gracias al intercambio de información con diferentes unidades policiales europeas, se pudo comprobar la matriculación fraudulenta de dichos vehículos en nuestro país. La organización criminal adquiría de forma ilegal vehículos que habían comprado en diferentes países de la Unión Europea (Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Francia, Italia, Dinamarca, Austria o Bélgica) o de terceros países (Reino Unido y Emiratos Árabes).
Posteriormente, les modificaban los elementos de seguridad y/o trazabilidad, cambiando su identidad real por la de otro vehículo de licita procedencia, utilizando para ello permisos de circulación íntegramente falsos o falsificados.
También introducían vehículos de terceros países sin homologación europea haciéndolos pasar por europeos utilizando para ello documentos falsificados, con el objetivo de ocultar en la aduana de nuestro país la introducción de vehículos no comunitarios de licito comercio, sin acreditar su correcta importación y ahorrarse los impuestos especiales sobre los medios de transporte procedentes de terceros países.
Una vez que los vehículos eran trasladados a España portando documentación con apariencia legal que presentaban a las estaciones de ITV para obtener la tarjeta de inspección técnica.
Posteriormente, ante las jefaturas provinciales de tráfico los matriculaban y legalizaban para introducirlos en el mercado nacional e internacional a través de diferentes plataformas de compraventa de vehículos.
La operación ha sido llevada a cabo por Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial (Grupo de Patrimonio-Sección de Tráfico Ilícito de Vehículos) y en el ámbito aduanero transfronterizo la Agencia Frontex.
Asimismo, se ha contado con la colaboración de unidades policiales de los diferentes países europeos y del Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guarida Civil y los GIAT de Pontevedra, Orense, Cáceres, Badajoz, Castellón, Alicante, Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Navarra, Zaragoza, Huesca, Albacete, así como las diferentes Jefaturas y Oficinas Locales de Tráfico.
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