La Comisión Europea ha variado los plazos y las urgencias para la obtención de un acuerdo sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, hizo pública ayer la decisión de la Comisión de aplazar la fecha inicialmente prevista del 10 de noviembre para la puesta en marcha de los nuevos controles Schengen por la imposibilidad manifestada por Francia, Países Bajas y Alemania de ponerlos en marcha a tiempo. “La fecha del 10 de noviembre ya no está sobre la mesa, espero que sea lo antes posible pero no hay un nuevo plazo por el momento”.
Con estas palabras, la comisaria eliminaba el plazo límite que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, daba a Reino Unido para dar el Sí a la propuesta planteada por España con el fin de evitar las consecuencias que la entrada en vigor de estos controles tendrá, principalmente para los residentes británicos -incluidos los ciudadanos gibraltareños- que quieran acceder a territorio español.
Y es que, entre otras cosas, estos residentes no podrán pasar en España más de 90 días cada seis meses según la normativa Schengen. Durante los días previos a la reunión con los alcaldes, el alcalde de La Línea, Juan Franco, había manifestado en varias ocasiones su preocupación por los efectos que esto podrían tener en su municipio; por un lado, por el incremento de las colas en la frontera al hacerse controles más exhaustivos; y por otro, por las limitaciones impuestas a la población residente en Gibraltar, clientela de la que dependen en buena parte comercios del municipio.
La comisaria Johansson ha anunciado la convocatoria de una reunión técnica, que tendría lugar, a priori, la próxima semana de nuevo en Bruselas. El objetivo es evaluar la situación y buscar una aplicación de manera progresiva del sistema de registro automatizado.
De este modo, en los países que no estuviesen aún preparados se podría retrasar más tiempo, y comenzaría a aplicarse donde sea factible. España ya había manifestado su intención de hacer efectivos estos controles a partir del 10 de noviembre, lo que implica que, si bien ahora no hay una fecha de aplicación concreta límite, podría entrar en vigor antes que en otros países. Habría que ver si la situación especial de la Verja con Gibraltar podría ser motivo para que España solicite también entrar dentro de la moratoria, dado que los efectos de la no consecución de un acuerdo sobre Gibraltar en plazo equivaldrían, hasta cierto punto, a que España no está tampoco preparada.
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