Andalucía ha alcanzado el preocupante récord de ser la comunidad autónoma con mayores retrasos en la gestión de la Dependencia en toda España, con un promedio de 609 días para resolver un expediente. Este tiempo de espera es 280 días superior a la media nacional, lo que refleja una grave crisis en el sistema autonómico de atención a la Dependencia. La situación se ha agravado a pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía, que en marzo de 2023 implementó un nuevo modelo de gestión con la promesa de simplificar y agilizar los procesos.
El problema, sin embargo, parece haberse exacerbado. El número de personas en listas de espera ha crecido considerablemente, con 54.935 andaluces aún pendientes de recibir ayuda, de los cuales 29.415 están esperando la resolución de su solicitud, mientras que otros 23.530 aguardan que se haga efectiva la prestación. Las organizaciones de mayores, los sindicatos y la oposición política han calificado esta situación como un colapso y denuncian que la reforma no ha logrado los resultados esperados.
Las cifras, proporcionadas por el IMSERSO y correspondientes a septiembre de este año, muestran que la espera media ha aumentado en seis días respecto a agosto y en 67 días en comparación con los datos de 2022. Lo que es aún más alarmante es que en lo que va de 2024, un total de 3.921 personas han fallecido mientras aguardaban obtener una valoración de grado o un recurso de ayuda, según datos recopilados por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).
En declaraciones recogidas por El País, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha argumentado que este incremento en los tiempos de espera es consecuencia de un periodo de transición hacia el nuevo modelo de gestión que incluye la unificación de las plataformas informáticas, lo cual ha hecho que salgan a la luz expedientes atrasados. "Lo más cómodo hubiera sido seguir con una gestión que llevaba 17 años sin funcionar y era un caos", declaró López en sede parlamentaria, defendiendo la necesidad de este cambio para priorizar a las personas por encima de las cifras. Aun así, reconoció que el sistema anterior era "obsoleto" y necesitaba ser reformado.
No obstante, para trabajadores sociales como José Carlos Montero, quien lleva 17 años en el Servicio de Dependencia de Málaga, la realidad es diferente. Montero insiste en que no se trata solo de estadísticas: “No son estadísticas frente a personas, son estadísticas que hacen visibles los problemas de las personas”. En este sentido, los problemas estructurales de la Dependencia en Andalucía se han evidenciado con más claridad en el último año, lo que ha generado un clima de indefensión para los dependientes y sus familias.
La crítica de los expertos se centra, además, en la falta de creación de nuevos recursos residenciales y en la externalización de servicios clave, como el sistema de citas previas. Según denuncian desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, este proceso de externalización ha despersonalizado la atención y ha generado un tapón en el sistema. "Si no se incrementan las plazas de servicios residenciales o del servicio de ayuda a domicilio, de nada sirve agilizar los trámites", comenta Montero, quien considera que el plan de choque del gobierno autonómico no ha resuelto el problema de fondo.
Además, el malestar entre los trabajadores sociales ha aumentado debido a que se sienten desbordados y desatendidos por parte de la administración. Desde el Consejo Andaluz del Trabajo Social se ha alertado que el nuevo modelo duplica el trabajo de estos profesionales, sin un aumento paralelo en la plantilla, y que las condiciones laborales han empeorado considerablemente. Este descontento ha derivado en ceses y renuncias en varias provincias, como en Córdoba, Granada y Sevilla, donde las jefas del servicio de Valoración han dimitido debido a la presión de priorizar expedientes tramitados por vía telemática sobre los que llevan años pendientes de resolución.
En plena ofensiva por la infrafinanciación, la Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno central de deberle 4.000 millones de euros desde 2019, argumentando que este incumplimiento de la ley de Dependencia ha contribuido a agravar la crisis. La consejera López ha declarado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cumplido con su obligación de financiar el sistema al 50% junto con las comunidades autónomas, tal y como establece la ley de 2006. "A más Sánchez, menos dependencia", afirmó en el Parlamento andaluz, haciendo alusión a que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha afectado directamente al sistema de Dependencia.
Sin embargo, desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) y otros colectivos sociales, se ha insistido en que no se trata solo de un problema de financiación. Según el presidente de FOAM, Martín Durán, la situación ha empeorado en los últimos años debido a la mala gestión de los recursos por parte de la Junta, que ha reducido su aportación mientras el Estado ha aumentado la suya. “Aquí la aportación estatal ha subido del 20% al 40% prácticamente, pero la Junta ha reducido su parte, pasando del 80,31% en 2020 al 62,26%”, explica Durán a El País. Esta reducción de la contribución autonómica ha generado un desequilibrio que impide cumplir con los plazos establecidos por la ley.
Ante este escenario, el malestar de los dependientes y sus familias sigue en aumento. Historias como las de Pedro y su esposa, quien padece Parkinson y lleva más de una década esperando una resolución definitiva, son cada vez más comunes. “He pasado por todos los Gobiernos, en España, en Andalucía y en el Ayuntamiento, y no he hecho otra cosa que esperar y desesperarme”, señala. Otros, como Mati Iborra, enfermera en Almería, que solicitó una revisión para su madre hace más de un año y sigue sin respuesta, reflejan la frustración generalizada por la lentitud del sistema.
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