La Junta de Andalucía tiene previsto ahorrar este año unos cinco millones de euros en gasto en alquileres de sedes para edificios administrativos mediante una "profunda reordenación" de esta partida, ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
En declaraciones a Efe, la consejera ha explicado que el objetivo de esa reordenación es conseguir una "disminución importante de esa partida" y se plasmará en la reubicación de organismos en sedes propias y en revisar a la baja los precios de los alquileres cuando toque actualizarlo porque el precio del mercado ha cambiado.
Según los presupuestos de la comunidad autónoma para 2011, el gasto previsto en alquileres de la Junta para 2011 se eleva a unos 47 millones de euros.
Asimismo, la consejera ha avanzado que también se está llevando a cabo un análisis en los núcleos de población de más de 100.000 habitantes para unificar los servicios en un mismo edificio y obtener una simplificación de sedes y, de esta manera, mejorar el contacto de la ciudadanía con la administración, ha resaltado.
Este plan de sedes, que prevé un ahorro de 108 millones en tres años, se está elaborando en colaboración con cada Consejería y verá la luz a lo largo de este año.
Esta política de ahorro en alquileres se desarrolla en paralelo con la iniciativa de la Junta que consiste en vender 75 inmuebles a sus empresas públicas y después alquilarlos y pagar por su uso con el fin de obtener ingresos.
Asimismo, se están analizando todas las partidas de gasto para conseguir ahorros por la vía de mejoras energéticas en los edificios, de buenas prácticas en la utilización de material, la iluminación de bajo consumo, la cogeneración energética, los sistemas de control del consumo de teléfono, así como mediante la reducción de la publicidad y protocolo, entre otros.
Este plan de austeridad de la Junta se basa en medidas ligadas al funcionamiento operativo de servicios no fundamentales y a la mejora de la eficiencia, ha incidido Aguayo, quien ha subrayado que la Junta no ha hecho ni hará ningún recorte social.
En este sentido, ha resaltado el compromiso del Gobierno andaluz con "lo social" y, por tanto, ha asegurado que no se aplicarán recortes, ni tampoco privatizará servicios que presta la administración, como otras regiones españoles han anunciado que acometerán en breve.
Tampoco suprimirá organismos, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, ni de otro tipo, como han planteado algunas comunidades autónomas para reducir su déficit, y ha recordado que la Junta ya ha hecho la reforma del sector público con la supresión de más de un centenar de organismos y la entrada en funcionamiento de las agencias empresariales.
Sin embargo, ha admitido que la Junta puede que tenga que hacer alguna "pequeña adecuación" en el plan de reequilibrio presupuestario, pendiente de recibir el visto bueno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para corregir la "ligera desviación" del déficit de tres décimas que registró Andalucía en 2010.
Las adecuaciones se derivan, entre otras cosas, de que algunos tributos, como el que grava las bolsas de plástico, generarán unos quince millones de ingresos menos de lo previsto por la moratoria en su entrada en vigor.
No obstante, Aguayo ha señalado que están discutiendo con el Estado dicho plan y analizando los epígrafes y ha insistido en que no cree que haya que hacer una "adecuación significativa".
