El hijo de la líder birmana depuesta Aung San Suu Kyi, Kim Aris, agradeció que el papa Francisco haya pedido la liberación de su madre, ofreciendo que pueda ser acogida en el Vaticano, aunque no cree que la junta militar acceda a esta petición.
En una entrevista con el medio birmano DBV publicada este jueves, Aris, residente en Londres, afirmó que la junta militar no quiere liberar a su madre, de 79 años y que cumple una condena de 27 años en una cárcel de Naipyidó, porque teme la popularidad de Suu Kyi entre los birmanos.
El hijo de Suu Kyi, que visitó el año pasado al pontífice en el Vaticano, reaccionó así a un artículo publicado el martes por la revista italiana 'Civilta Cattolica', que recoge unas declaraciones del papa a favor de Suu Kyi durante un encuentro con religiosos jesuitas en su reciente gira en Asia y Oceanía entre el 2 y el 13 de septiembre.
"Hoy en Myanmar no podemos permanecer en silencio: ¡hay que hacer algo! El futuro de vuestro país debe ser una paz basada en el respeto de la dignidad y los derechos de todos, en el respeto de un orden democrático que permita a todos contribuir al bien común", dijo Francisco a un participante procedente de Birmania.
"Pedí la liberación de la señora Aung San Suu Kyi y recibí a su hijo en Roma. Ofrecí al Vaticano recibirla en nuestro territorio", agregó el pontífice, que visitó Birmania en 2017 cuando Suu Kyi era la líder de facto.
Suu Kyi se encuentra en la cárcel desde el golpe militar de febrero de 2021, que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con miles de jóvenes uniéndose a grupos armados que combaten al Ejército.
Numerosos países y organismos, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, han pedido la liberación de Suu Kyi, acusada de delitos como la compra ilegal de 'walkie-talkies', fraude electoral y vulneración de la ley de secretos oficiales, ente otros, y del resto de los prisioneros políticos.
Según los datos de la ONU, al menos 5.350 civiles han muerto debido a la violencia de los militares desde el golpe, mientras que más de 26.900 personas, incluidos 547 menores, han sido detenidas en medio de una falta de "garantías judiciales" e incluso de abusos y torturas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de los observadores internacionales.
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