Andalucía

La Fiscalía andaluza avisa del "grave problema" en las causas de Seguridad Vial

Denuncia la falta de medios para el control de las causas penales y la falta de avances en los últimos años para solventar la situación

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  • Accidente de tráfico. -

La Fiscalía Superior de Andalucía ha censurado la ausencia de avances en los últimos años para solventar el "grave problema" de control de causas penales en materia de Seguridad Vial que se produce en la comunidad andaluza y ha reclamado más medios técnicos y humanos en las distintas provincias.

En la memoria anual, consultada por Europa Press, la fiscal superior andaluza, Ana Tárrago, se hace eco de la queja de los fiscales delegados de Seguridad Vial desplegados por el territorio andaluz, los cuales "suplen con su esfuerzo diario las deficiencias materiales y de personal que sufren en sus destinos", advierte.

Entre los problemas comunes, Ana Tárrago cita la falta de una estructura personal suficiente en las Secciones de Seguridad Vial provinciales, que en muchos casos integra un solo fiscal que comparte esta tarea con las demás que son propias de su Fiscalía, "con lo que difícilmente puede desarrollar con plenitud su función".

Una vez más, la fiscal superior vuelve a poner el foco en el "grave problema de control de causa penales" en materia de Seguridad Vial que padecen todos los fiscales delegados por carecer de un sistema informático adaptado a las necesidades de esta materia.

Así urge a que, con independencia del sistema de registro Fortuny, y como ya ocurre en otras materias como la Violencia de Género, se dote a cada Fiscalía Delegada de un sistema de registro informático que facilite su trabajo y permita obtener unas estadísticas fiables y lo suficientemente elaboradas como para extraer de ellas consecuencias desde el punto de vista del análisis criminológico.

Según sostiene Tárrago, este aspecto es "vital" no sólo para conocer las causas de la delincuencia vial, y en su caso establecer el perfil del delincuente de tráfico, también para elaborar una política criminal preventiva por el ámbito administrativo competente, pero "partiendo de los datos incontestables de las resoluciones judiciales, que a estos efectos es la verdad formal". Lamenta, no obstante, que sobre estas "necesidades básicas" no se ha avanzado nada en los últimos años.

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