El Gobierno andaluz ha buscado este martes matizar la repercusión de la suspensión temporal de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que concedió para recuperar la explotación de la mina de Aznalcóllar con la idea de que "es temporal" y por ello "es un contratiempo más que algo con mayores consecuencias", ante una paralización administrativa acontecida tras un recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha puesto voz a ese mensaje de relativizar esa suspensión momentánea con la idea de que "no implica la cancelación definitiva" de la Autorización Ambiental Unificada.
"Relativizamos esta suspensión", ha proclamado.
Cuestionado por la posibilidad de que tras la revisión que impone el recurso de alzada pudieran surgir exigencias adicionales a la empresa concesionaria del proyecto, el consejero ha asegurado que "no preveemos otras consecuencias", por lo que ha esgrimido en ese sentido que se trata de "un proyecto minucioso en autorizaciones", idea que ha reforzado hablando de un "trámite previo de dos años", de manera que "estamos reconfortados con el rigor de los informes".
En ese sentido ha querido "respaldar el rigor y la solvencia de los procedimientos técnicos detrás de la Autorización Ambiental Unificada".
Mientras los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía analizan las exigencias de ese recurso de alzada de Ecologistas en Acción, Paradela ha apelado a que en el caso de su departamento sus competencias se centran "en los proyectos de explotación y de restauración", que prosiguen, y por ello se encuentra "las nuevas alegaciones de los grupos de interés en este trámite de audiencia".
El consejero de Industria ha argumentado que "los proyectos mineros son los más complejos", por lo que ha blandido que se trata de una tramitación garantista por cuanto están "sometidos a períodos de información pública, al trámite de audiencia", antes de reafirmarse en que "estamos ocupados en atender a ese recurso", convencido de que "una vez se atienda el recurso no impedirá la tramitación sustantiva" del proyecto minero.
Paradela, ante la pregunta de si el Gobierno andaluz habría optado por los intereses empresariales frente a los propiamente ciudadanos o puramente ambientales, ha replicado que "no podemos hacer una política industrial de espaldas a los ciudadanos".
Ha planteado aquí que no sería viable "un proyecto que no cumpla la legalidad vigente", por lo que ha blandido el hecho de "la cantidad de análisis previos a que se realice el vertido", como "las 1.500 analíticas antes de empezar a verter en tres puntos diferentes del proyecto diariamente".
RECURSO DE ALZADA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Este lunes se hizo pública la suspensión automática y "temporal" de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Sostenibilidad para el proyecto de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar (Sevilla) tras un recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción.
La mina se cerró en enero de 2002 tras la catástrofe natural de 1998, cuando se produjo la rotura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); ha quedado suspendida de manera automática y "temporal"
Ecologistas en Acción explicó este lunes en un comunicado que el 12 de agosto interpuso un recurso de alzada ante la Administración andaluza contra esta Autorización Ambiental Unificada que avala el proyecto técnico de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar.
El proyecto cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo), durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
Esta organización ecologista sostiene que el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.
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