Guerrero afirma que ambos negociaron el ERE promovido en 2007 por Saldauto
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que el parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz y él mismo negociaron el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral Saldauto.
No obstante, Guerrero se ha desligado de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento. En concreto, Antonio G.P. y Rafael R.F., antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba), y Francisco de Paula Hernández Diánez, accedieron a las ayudas sin haber trabajado en la empresa.
Francisco Javier Guerrero, de cualquier modo, compareció ante los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 11 de marzo, reconociendo ante los investigadores que Ramón Díaz Alcaraz como su "asesor" y él mismo "negociaron" con Saldauto aquel procedimiento, aunque según ha asegurado, "a esta empresa se le dio el mismo trato que al resto de empresas en crisis, esto es, ayudas sociolaborales a los despidos".
Por su parte, Jesús María Bordallo Rodríguez, directivo de la consultora de previsión social Vitalia Vida, había declarado a la Policía Judicial que Guerrero y Ramón Díaz como su "asesor" le "indicaron" en 2007 que "había que meter" a Antonio G.P. y Rafael R.F. en el ERE de Saldauto. Díaz, según figura en el atestado policial sobre la declaración de este directivo de Vitalia Vida, "habló personalmente con él solicitándoselo".
