Rechaza las pruebas de los directivos de la inmobiliaria
La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha rechazado recabar unas pruebas pedidas por los dos directivos de la inmobiliaria Sanma imputados porque la licencia objeto de investigación se otorgó pese a que subsistía una “incidencia de gran magnitud”. Los directivos de Sanma habían propuesto que la juez recabase la certificación oficial del Colegio de Arquitectos de Sevilla, que según afirmaban demostraría que las obras de urbanización de su parcela en Mercasevilla “estaban terminadas a la fecha de concesión de la licencia de obra por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla” el 25 de julio de 2007.
Con dicha prueba se clarificaría que “la dirección facultativa de la obra de urbanización, compuesta por un arquitecto y dos aparejadores, dio por culminadas las obras de la parcela en septiembre de 2002, fecha muy anterior al otorgamiento de la licencia”, y todo ello teniendo en cuenta que dichos profesionales “no pudieron participar en el supuesto complot para favorecer a Sanma”. Los dos directivos, junto a otra decena de imputados, están acusados en la rama del caso Mercasevilla relativa a la venta de los terrenos de la empresa junto a la ronda SE-30, que fue adjudicada a Sanma en base a sus derechos preexistentes sobre la parcela en obras y pese a que su oferta era “antieconómica y contraria al interés general”, según la juez.
La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza solicitar dichas pruebas porque en las actuaciones ya figura un informe de la empresa eléctrica Endesa en el que, en agosto de 2005, informaba de que las obras eléctricas no estaban ejecutadas y posteriormente, en octubre de 2010, la Gerencia de Urbanismo calificó dicha incidencia como “de gran magnitud”.
gerencia de urbanismo De la misma manera, la juez rechaza citar como testigo a un responsable de la Gerencia de Urbanismo, pedido por la subjefa de Licencias E.B.C., porque lo que se imputa a esta funcionaria es que, “conociendo que las obras de urbanización no estaban concluidas, tampoco resolvió sobre la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación ni exigió aval que garantizara la finalización de las obras”.
