La propuesta de la familia Ruiz-Mateos "está bastante distante" del borrador de los sindicatos
El acuerdo marco entre Nueva Rumasa y los sindicatos UGT y CCOO para aplicar expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales en las empresas del grupo sigue "en el aire", semanas después de la reunión que mantuvieron ambas partes en la Dirección General de Trabajo, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.
La propuesta de la familia Ruiz-Mateos "está bastante distante" del borrador planteado por las organizaciones sindicales, que rechazan que la compañía ofrezca para los expedientes condiciones inferiores a las pactadas en otras empresas del grupo, como Clesa.
Para tratar de consensuar una postura común, UGT y CCOO han planteado la celebración de una reunión entre los abogados del grupo y los de los sindicatos, a fin de redactar un "documento único que pueda ser susceptible de firma".
No obstante, las mismas fuentes apuntaron que tienen pocas expectativas, dado que a medida que pasa el tiempo más empresas del grupo se van declarando en concurso, y una vez que entran en este procedimiento, la decisión última es del juez.
Éste es el caso de Dhul, donde el plan de viabilidad acordado por los administradores concursales con el comité de empresa para "salvar" la compañía recoge la aplicación de un ERE de extinción de 51 empleos y otro temporal para 197 trabajadores.
Por su parte, desde Nueva Rumasa se mostraron convencidos de que se alcanzará un acuerdo. "Están trabajando los equipos jurídicos y no hay ningún problema para que se llegue a un acuerdo", dijeron a Europa Press en fuentes del grupo.
El consejero delegado del 'holding', José María Ruiz-Mateos, remarcó recientemente en un comunicado que "en ningún momento se ha pensado en descartar dicho acuerdo", al considerar que "es beneficioso tanto para las empresas que necesiten acogerse a él como para los trabajadores".
El pasado 22 de marzo, Nueva Rumasa pactó con los sindicatos negociar un acuerdo global que recogiera medidas temporales de regulación de empleo, consistentes en reducciones de jornada o en suspensión de contratos por un máximo de seis meses.
Tras el encuentro, el director general de Trabajo, Raúl Riesco, explicó que, una vez se rubrique, el acuerdo marco será validado por la autoridad laboral competente, mientras que en el caso de las empresas que se encuentren en suspensión de pagos la decisión dependerá del juez correspondiente.
