Al menos uno de estos socios figura como detenido por presunto delito de tráfico de influencias en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis, sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos.
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
EL "FONDO DE REPTILES"
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
El directivo de Vitalia Vida Jesús María Bordallo prestó declaración ante la Policía Judicial el pasado 22 de febrero, dentro de las investigaciones promovidas por la juez Mercedes Alaya. Según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, Bordallo Rodríguez ha declarado a los investigadores que el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, -- imputado por la juez--, y el ahora diputado socialista Ramón Díaz como su "asesor" le "indicaron" en 2007 que "había que meter" a Antonio G.P. y Rafael R.F. en un expediente de regulación de empleo promovido entonces por 'Saldauto', pese a que ninguno de ellos formaba parte de la plantilla.
"ERAN CONSCIENTES"
Bordallo había señalado a los investigadores que el ahora diputado socialista y exdirigente de UGT "tenía una relación estrecha con 'Saldauto'" y que él mismo le anunció que "dos señores"; Antonio G.P. y Rafael R.F., le visitarían para exponerle sus casos tras una "propuesta" de Guerrero "para que no quedasen sin percibir algún tipo de ayuda". Ramón Díaz, según el relato de Bordallo, tenía "sobre todo" relación con el "socio" de 'Saldauto' y también sindicalista de UGT Fernando Gómez Ferrera, porque la esposa del segundo había sido secretaria del primero en su etapa en UGT. Finalmente, fueron tres las posibles prejubilaciones fraudulentas descubiertas en el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por esta empresa.
En ese sentido, Bordallo Rodríguez ha declarado a los investigadores que los socios de 'Saldauto' "eran conscientes de que estaban metiendo" en el ERE a personas ajenas a la empresa. "Conocían perfectamente la inclusión de dos personas" en la póliza de seguro de rentas gracias a la cual los afectados del procedimiento cobrarían las prejubilaciones, señala este directivo de la empresa de previsión social que gestionó la póliza en cuestión.
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