En la iniciativa, que será debatida en pleno si así lo aceptan la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara, el PP hace hincapié en que su incapacidad para gestionar su trabajo “pone en duda su idoneidad para el cargo”.
Según el texto de la reprobación, la permanencia de Chaves en el Gobierno es “un lastre para un Ejecutivo que debería tratar por todos los medios de recuperar la credibilidad que ha perdido y por devolver la confianza de los ciudadanos, en lugar de darles más motivos para creer que el Gobierno socialista es el principal de sus problemas”.
El PP esgrime los diversos “escándalos” en los que Chaves ha tenido una implicación “directa o indirecta” desde que llegó a la Vicepresidencia Tercera y al Ministerio de Política Territorial, en abril del año 2009.
Por ejemplo, menciona los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares, el caso Matsa o las informaciones surgidas en los últimos días en torno al trabajo de uno de los hijos del vicepresidente.
Unos escándalos que “alcanzan una gravedad intolerable”, a juicio del principal partido de la oposición, al referirse a la supuesta malversación de fondos dedicados al apoyo a empresas en situación de dificultad y al presunto trato de favor a familiares suyos en una Comunidad donde el número de parados supera el millón de personas.
Y tanto o más grave cree el PP que es que Chaves se niegue a dar explicaciones en el Parlamento y haya llegado incluso a “mentir”, mientras que la Junta andaluza y su presidente, José Antonio Griñán, “impiden una comisión de investigación” en Andalucía.
También elude a su “clara inactividad” y su “falta de iniciativa” en “temas clave” que afectan directamente a competencias de su responsabilidad, de manera que su gestión ha sido “testimonial”.
El PSOE-A instó este miércoles al líder del PP-A, Javier Arenas, a que explique ahora si considera que el cobro, por parte del bufete de abogados de su suegro, del fondo de los ERE es “también ilegal” y sostuvo que su estrategia del “ventilador infame” le ha puesto en “evidencia”.
Así lo expuso el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, tras conocerse que la Junta abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.
El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al cien por cien por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros.
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