Si el Estado reconoce a Cataluña el déficit fiscal, la brecha entre lo que esta autonomía recibe y lo que aporta, según calcula la Generalitat, que lo estima en 22.000 millones de euros, deberá subir el IRPF en un 29,5% para compensar la pérdida de ingresos, o reducir en un 10,7% la financiación del resto.
Así lo calcula el economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) Ángel de la Fuente, en una nota publicada hoy bajo el título de "Las implicaciones financieras de un concierto catalán: algunos datos y cálculos orientativos".
De la Fuente reconoce que falta todavía conocer detalles del acuerdo para el establecimiento de un sistema de concierto en Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa (PSC), pero señala que lleva implícita una negociación bilateral sobre la aportación de esta autonomía al resto del país.
A este respecto, recuerda que los partidos independentistas catalanes reclaman una reducción de la aportación catalana al conjunto de 22.000M€.
En el caso de que el Estado asumiera plenamente esa reclamación, podría, o bien recurrir a una subida del IRPF, para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica, o bien reducir la transferencia de recursos a las otras comunidades.
En el primer supuesto, "tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña", señala.
Si trasladase la caída de ingresos a la financiación de las demás comunidades autónomas, "ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio", añade De la Fuente.
El economista considera "muy sesgada al alza", en torno a un 65% por encima de la realidad, la estimación del déficit fiscal hecha por la Generalitat.
"Pese a tratarse de un cálculo muy cuestionable, la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema", vaticina.
Sin embargo, "cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30 y un 60 por ciento del objetivo máximo nacionalista", lo que supondría "un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales", estima.
"A largo plazo, las cosas pintan aún peor, porque el cambio en las reglas reforzará a la Generalitat frente al Gobierno central. En cuanto el Gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas", añade.
"Finalmente, resulta obvio que los problemas se agravarían muy considerablemente si el nuevo sistema se extendiera a Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas al Sistema de Financiación Autonómica", dice también.
"El Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los que quieren imponer los nacionalistas catalanes, los ingresos netos del Estado se desplomarían", concluye.
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